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LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

La fiscalía investiga un presunto desvío de dinero público al PDECat

Fondos para el deporte se canalizaban a través de una entidad soberanista. Una denuncia presentada en el 2018 ante la policía ha abierto las diligencias

 

Un joven practica esquí acuático en el canal olímpico de Castelldefels. - JORDI COTRINA

J. G. ALBALAT mediterraneo@elperiodico.com BARCELONA
21/05/2019

La Fiscalía Anticorrupción está investigando el presunto desvío de fondos públicos destinados al deporte que, a través de una entidad soberanista, habrían ido a parar al PDECat. El fiscal de Barcelona Fernando Maldonado ha abierto las diligencias a raíz de una denuncia presentada a mediados del 2018 ante la Policía Nacional y en la que se detalla que la oenegé Catmon/Igman recibió, al menos, 10.000 euros del Canal Olímpico de Cataluña/Equacat, una sociedad pública participada por la Generalitat, mediante facturas de publicidad insertada en la revista de esa asociación por un importe superior al precio del mercado. Los fondos, indica la denuncia a la que ha tenido acceso el Periódico de Catalunya, «son realmente derivados al PDECat». Operativas similares irregulares «se pueden estar» haciendo desde otras entidades deportivas catalanas, según fuentes conocedoras del caso.

Catmon tiene como objetivo el reconocimiento internacional de «la nación catalana». Su presidente es Víctor Terradellas, exsecretario de relaciones internacionales de la extinta CDC, y en su patronato ha estado el actual diputado de JxCat Francesc de Dalmases. En mayo del 2018, el juez de Barcelona Joaquín Aguirre desarrolló una amplia operación, bautizada con el nombre de Estela, en la que participaron 500 agentes de la Policía y en la que se practicaron 20 registros y 30 detenciones por el supuesto desvío de fondos públicos a través de subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona, en la época en que estaba presidida por Salvador Esteve (CiU).

10 MILLONES EN SUBVENCIONES / Uno de los arrestados en esa operación fue Terradellas, pues Catmon fue una de las beneficiarias de esas ayudas públicas. Del 2011 al 2015, la entidad percibió más de 10 millones de diferentes organismos públicos de la Generalitat. La investigación iniciada ahora por la fiscalía no tiene de entrada relación directa con las pesquisas del juez Aguirre. Este nuevo caso parte de una denuncia de la policía que se centra en el presunto desvío de fondos de la sociedad Canal Olímpico de Cataluña/Equacat, presidida por el secretario de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, exdiputado y expresidente de las juventudes de CDC, que sustituyó en febrero del 2016 a Ivan Tibau.

Según la denuncia que ha dado pie a la investigación de la fiscalía, Figueras solicitó en el 2018 al Canal Olímpico que aportara 10.000 euros a Catmon, supuestamente para la construcción de unos vestuarios deportivos en Sarajevo. El pretexto ofrecido por el alto cargo de la Generalitat fue que a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la oenegé no podía recibir ese dinero en concepto de ayuda solidaria.

La relación entre el Canal Olímpico y Catmon, sin embargo, venía de años atrás. A finales del 2016, la oenegé giró tres facturas por un importe de 3.333,34 euros cada una al Canal Olímpico por la inserción de anuncios en la contraportada de la revista de la entidad, un importe muy elevado para una publicación de estas características. Las facturas las firman Figueras y Xevi Ardite, que era apoderado de la empresa e la Generalitat. Esos fondos, según la denuncia, son «derivados al PDCat», partido que se había fundado meses antes como heredero de CDC. Fuentes del PDECat aseguraron no tener constancia de la investigación de la fiscalía y que el partido no tiene relación con el Canal Olímpico ni con Catmon. Un portavoz de la secretaria de Deportes explicó que tampoco tiene ninguna comunicación oficial.

La fiscalía tiene en su poder una factura que probaría que el Govern de Artur Mas podría haber pagado otros gastos ligados al procés, concretamente de la consulta del 9-N del 2014. El documento data del 31 de diciembre del 2015, en la época de Tibau, y fue girada por Unipost a Canal Olímpico/Equacat por el «diseño, manipulación y distribución» de folletos vinculados a la entidad deportiva. El coste total, 17.955,71 euros, IVA incluido. Los investigadores tienen pruebas de que ese dinero pudo acabar pagando los trabajos que Unipost realizó para el 9-N.

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