La Fiscalía de Madrid investiga desde hace semanas el encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a raíz de la denuncia presentada por el PP, han informado a Efe fuentes del ministerio público.

El PP presentó a finales de enero una denuncia en la Fiscalía General del Estado sobre el encuentro que se produjo en el aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero, escrito que fue remitido a la Fiscalía Provincial de Madrid, que abrió diligencias de investigación.

Todo ello ocurrió antes de que los populares acudieran este martes al juzgado de guardia para reclamar a AENA que conserve los vídeos de vigilancia de Barajas de la noche del encuentro, algo que acordó la jueza con el visto bueno de la Fiscalía.

De acuerdo con esa postura, la Fiscalía no recurrirá el auto que dictó ayer la jueza, según las fuentes consultadas por Efe. Y si nadie recurre el auto, la jueza remitirá la causa al juzgado decano de Plaza de Castilla para su reparto.

La cuestión es que en Plaza de Castilla también está pendiente de reparto otra querella presentada con anterioridad por otra formación política de reciente creación, el Partido Laócrata, por prevaricación administrativa, que fue la primera que se formalizó en relación con este asunto.

La querella de ese partido afecta a "cualquier funcionario que haya ordenado la inapliación de la ley de extranjería", al tiempo que han presentado otra en el Supremo contra el ministro por su condición de aforado.

En el caso de que un juzgado de Madrid o el Supremo abran diligencias por alguna de los escritos presentados por el PP o el Partido Laócrata, la Fiscalía archivará su investigación.

No son las únicas iniciativas legales presentadas, porque Vox denunció a Ábalos ante la Fiscalía y posteriormente presentó una querella ante el Supremo contra el ministro.

También Ciudadanos acudió ayer a la Fiscalía, aunque en su caso para asegurar que se conservasen las grabaciones, algo que acordó la jueza a instancias del PP.

De momento, AENA debe conservar las imágenes grabadas de videovigilancia, porque la jueza de guardia ayer apreció, de acuerdo con el criterio del fiscal, "indicios racionales de hecho delictivo".