Ya no queda margen para la duda. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, lo que significa que la primera considera que lo ocurrido en Cataluña fue rebelión y los Servicios Jurídicos del Estado, sedición. Ambas acusaciones han mantenido también sin cambios su petición de pena: la mayor por parte del ministerio público son 25 años para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. La Abogacía del Estado pide para él 12 años de cárcel.
Solo la acusación popuar que ejerce Vox ha hecho una modificación significativa en su petición, aunque solo afecta al 'exconseller' Santi Vila, al que retiran el delito de malversación y organización criminal y solo le atribuyen uno de desobediencia.
El fiscal Jaime Moreno ha sido el encargado de señalar que su acusación solo incluye cambios para "enriquecer" el relato y sigue pidiendo 17 años de cárcel para el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
Para los que eran miembros del Govern del huido Carles Puigdemont a los que se acusa de rebelión y malversación la pena es de 16 años de cárcel. Son Jordi Turull, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. El resto de 'exconsellers', acusados de malversación y desobediencia, Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila se enfrentan a siete años de cárcel, misma pena que pedía para ellos la abogacía del Estado.
En cambio, los servicios jurídicos del Estado solicitaban solo 12 años de cárcel para Junqueras y 11 años y medio para los antiguos miembros del Govern, que junto con él jugaron "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para realizar el referéndum ilegal del 1-O. Acusa a los seis -Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa- de sedición y malversación.
