La Fiscalía Superior de Andalucía considera que la negativa del expresidente autonómico Manuel Chaves a declarar en la comisión de investigación parlamentaria que depura responsabilidades por el supuesto uso de dinero público de prostíbulos podría ser considerada un delito de desobediencia. Así, la Fiscalía ha remitido el procedimiento a la Fiscalía de Sevilla y al juzgado que ya investiga los hechos para que continúe adelante con el procedimiento contra el expresidente y contra uno de sus exconsejeros.
Chaves fue citado a declarar unos días antes de las pasadas elecciones generales de noviembre en la comisión de investigación del parlamento andaluz sobre la Faffe, la extinta fundación pública para el empleo cuyos dirigentes, vinculados al PSOE, cargaron a las tarjetas de la empresa múltiples gastos. Entre ellos, 42.000 euros en diferentes prostíbulos de Sevilla, Cádiz o Córdoba, cargos que fueron posteriormente anulados y pagados en metálico para disimularlos. Todo ello durante su etapa al frente de la Junta de Andalucía. El expresidente andaluz acudió a la comisión y, tras acusar a PP, Cs y Vox de «instrumentalizarla» por convocar las comparecencias de dirigentes socialistas en pleno cierre de campaña electoral, les reprochó que rompieran de «forma arbitraria» la «neutralidad política» exigida a la Cámara regional.
En anteriores ocasiones otros exaltos cargos también se acogieron a su derecho a no declarar, situación avalada por los servicios jurídicos de la cámara, con la salvedad de que se aplicaba ese derecho a imputados en la causa judicial al efecto. Una situación que no se daba en el caso de la Faffe. Los partidos del Gobierno llevaron el caso a los tribunales, y ahora la Fiscalía les da la razón en parte. Considera que Chaves y los tres exconsejeros que también se negaron a declarar, Antonio Ramírez de Arellano (Hacienda) y José Sánchez Maldonado y Javier Carnero (Empleo), al «negarse a declarar y a responder a las preguntas que pudieran formularles los representantes de los grupos parlamentarios en la comisión de investigación» sobre la Faffe podrían haber incurrido en un delito de desobediencia.
La denuncia fue interpuesta ante el TSJA al incluir además a la exconsejera andaluza y actual ministra de Hacienda María Jesús Montero, dada su condición de aforada. Pero en el caso de la ministra, el asunto fue archivado al estimar la Fiscalía que las autoridades de la Administración del Estado no tienen obligación de comparecer en los parlamentos autonómicos. Por este motivo, la denuncia sigue ahora en la Sala de lo Civil y Penal del TSJA dada la condición de aforados de Carnero y Ramírez de Arellano, que son diputados autonómicos por el PSOE.
Mientras, en el caso de Chaves y Sánchez Maldonado, ambos fuera ya de la política, la denuncia continuará en los juzgados ordinarios de instrucción.
