La fiscala Teresa Duerto ha solicitado que el Tribunal Supremo (TS) investigue a la candidata a las elecciones del 10 de noviembre por Junts per Catalunya, Laura Borràs, por los contratos a dedo a un colaborador cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), según las fuentes judiciales. La jueza de Barcelona que ha tramitado la causa está ultimando, tal y como requirió la acusación pública hace un mes, la remisión al alto tribunal de Madrid de la exposición razonada sobre los indicios delictivos en su opinión existentes contra la política catalana.

Es el TS el órgano competente para decidir si investiga o no a Borràs por su condición de aforada, estatus que, según fuentes jurídicas, no ha perdido con la disolución del Congreso, al pertenecer a su diputación permanente. El órgano judicial resolverá primero si existen indicios suficientes para encausar a la candidata y, si es así, es preceptivo solicitar a la Cámara baja el suplicatorio para interrogarla.

El pasado julio, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, que ha investigado las presuntas irregularidades en el ILC, pidió al Congreso que le certificara si Borràs era diputada, a lo que los servicios de la Cámara contestaron que ese trámite debía hacerse a través de los «más altos órganos» judiciales; es decir, el presidente del Supremo.

Bajo la lupa de la justicia se encuentran, al menos, tres contratos por un valor de 45.550 euros a un antiguo colaborador de Borràs, I. H. F. El periodo de tiempo en el que supuestamente se habría cometido la irregularidad es entre el 2013 y el 2018, que comprende los años en los que estuvo al frente de la ILC.

Los investigadores sospechan que se habría troceado el importe del coste real en diversos contratos que, por separado, no alcanzarían la suma de 18.000 euros.