La Fiscalía Superior de Andalucía se querelló este miércoles contra el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, el juez Francisco Serrano, y su ex socio Enrique Pelegrín Díaz en la empresa Bio Wood Niebla S.L., al considerar que existen indicios de un supuesto delito de fraude de subvenciones por una ayuda de 2,4 millones de euros recibida para un proyecto que nunca se llevó a cabo, pero tampoco se devolvió el dinero. La querella se ha presentado ante la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dada la condición de aforado de Serrano, diputado en la Cámara andaluza.

La denuncia inicial fue presentada ante la Fiscalía de Sevilla por la Asociación Facua-Consumidores en Acción, aunque posteriormente se recibió una segunda del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Hace unas semanas, el ministerio público remitió la causa a la Fiscalía Superior al apreciar indicios de delito en los hechos investigados.

Según se desprende de la investigación realizada por la fiscalía, que considera los hechos como un posible delito de fraude de subvenciones tipificado en el artículo 308 del Código Penal, Serrano y su exsocio Pelegrín fundaron en 2016 una sociedad para la fabricación de biocombustible en Niebla, un pequeño pueblo de Huelva. A efectos de constituirse no aportaron capital, sino maquinaria diversa para su funcionamiento que inicialmente se afirmó como de su respectiva propiedad, cuando ello indiciariamente no se ajustaba a la verdad. Poco después esa sociedad, Bio Wood Niebla S.L., recibió fondos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través del Programa Reindus por importe de 2.489.000 euros, según desveló entonces InfoLibre.

Sin embargo, la investigación ha permitido constatar que el proyecto comprometido para la fabricación de pellets de madera no se llevó a cabo, y tampoco se realizó el reintegro de la deuda. La orden ministerial con las condiciones sobre las ayudas públicas que recibió Bio Wood Niebla establecía que las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el 1 de enero del año correspondiente a la convocatoria y hasta un plazo máximo de 18 meses contados desde la fecha de resolución de la concesión.

El plazo vencía en agosto de 2018, tras lo cual Industria reclamó a los socios que, en cumplimiento de la ley de subvenciones, aportaran la documentación necesaria para justificar la ayuda. Al no hacerlo, se inició el procedimiento de reintegro del préstamo concedido, que se resolvió el 5 de junio de 2019. Mes y medio después, finalizado el plazo voluntario para la devolución, el caso pasó a la Agencia Tributaria, que en octubre de 2019 reclamó la devolución de la ayuda más los intereses devengados, como desveló entonces Facua.

Ahora, la Fiscalía estima que, en principio, ambos socios fundadores de la empresa son objeto de la querella, sin perjuicio que pueda ampliarse a más personas por parte del TSJA. Serrano aparecía inicialmente como socio principal, con un 60% de la sociedad.

Tras conocerse su supuesta implicación en el caso, el líder de Vox Andalucía solicitó comparecer voluntariamente ante la Fiscalía Provincial de Sevilla, y explicó que se desvinculó de la sociedad a los pocos meses. Según subrayó entonces en sus redes sociales, tenía la conciencia muy tranquila. No he visto ni un solo euro del crédito que se solicitó y mucho menos tengo responsabilidad alguna con que no haya sido devuelto en los plazos marcados.

El que fuera candidato de Vox Andalucía a la Junta, apartado de facto como portavoz de la formación tras sus críticas a la sentencia de La Manada, justificó su marcha del proyecto por la pérdida de confianza en su socio, a quien endosó toda responsabilidad sobre la gestión de la ayuda y la adquisición de la maquinaria. Además, atribuyó la denuncia a un intento de desprestigiar su figura por parte de los lobbies y chiringuitos públicos contra los que se había mostrado muy crítico, en alusión a la asociación de consumidores.