Desde que el pasado 20 de enero comenzó el juicio contra el mayor Josep Lluís Trapero y la excúpula política del cuerpo todos esperaban que llegara este lunes, cuando, una vez concluida la prueba prevista en la vista oral, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, dará a conocer su petición de pena para él y los otros tres acusados: la intendente Teresa Laplana, el exdirector general de la Policía Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig.
El cambio de la rebelión, por la que se sigue acusando formalmente a Trapero, Soler y Puig, a la sedición fue adelantada por este diario. Con la sentencia del Tribunal Supremo que declaró que lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017 era sedición solo era cuestión de tiempo que la fiscalía aplicara ese criterio con los que eran responsables de los Mossos, y más teniendo en cuenta que ese fue el delito por el que les procesó en su día la jueza instructora, Carmen Lamela. La fiscalía de la Audiencia adaptó su acusación a la formulada por los fiscales del Tribunal Supremo con los líderes del 'procés'.
Hasta desobediencia
Pero esa rebaja no se quiso adelantar antes del juicio, cuando lo solicitó la defensa de Trapero, ni en el trámite de cuestiones previas. ¿Por qué? Porque se quería esperar al momento previsto por la ley para modificar o elevar a definitivas las conclusiones provisionales y así evitar otra modificación llegado a este momento. 'El Mundo' ha adelantado que, además de rebajar la solicitud de pena de rebelión a sedición, que acarrearía una pena muy similar, incluirá como alternativa por indicación de la actual fiscala general del Estado, Dolores Delgado, un delito de desobediencia, que no prevé pena de cárcel.
Esa petición alternativa no es una opción descabellada, porque a medida que avanzaba el juicio parecía más complicada una condena de la gravedad de la sedición para Trapero, y aún más de Puig y Soler, cuyos nombres solo han aparecido esporádicamente durante las sesiones. En el caso del mayor, además, la sedición es difícil de argumentar desde que declaró en el Tribunal Supremo y contó el plan para detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si recibía esa orden por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia o del fiscal superior, a cuya disposición tuvo cuidado de ponerse por medio de sendas cartas.
También complica una hipotética condena que el principal testigo de la fiscalía -al menos por el orden por el que se le llamó a estrados-, el comisario Ferran López, sostuvo que el propio Trapero se enteraba de las decisiones que adoptaba el Govern de Puigdemont por la televisión.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha remitido a este mismo lunes para concretar la acusación que eleva a definitiva.
