Como último de los acusados en declarar, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell fue ayer contundente ante el tribunal y negó haber participado en una estrategia para lograr la independencia de Cataluña, aunque admitió que puso por encima de las resoluciones del Tribunal Constitucional la defensa de derechos fundamentales, como la libertad de expresión o la inviolabilidad parlamentaria. Pese a ello, afirmó que «nunca tuvo la voluntad de desobedecer» al TC.

«Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia. Me limité a cumplir con mi cargo de presidenta del Parlament, que no puede interferir en el debate parlamentario». Y arguyó que «no es potestad de la Mesa del Parlament valorar la constitucionalidad de la tramitación parlamentaria». También rechazó la violencia, hasta tal punto de que se mostró «dispuesta a renunciar a sus convicciones» si se producía.

Como han hecho otros procesados, ha admitido que la declaración unilateral de independencia (DUI), «no se votó», ya que esta «declaración política» estaba en el «preámbulo» y no en las dos propuestas de resoluciones que sí salieron adelante. La fiscal le ha repreguntado: «¿Entonces qué era una farsa, un saniete?». La respuesta de Forcadell ha sido rápida «Si usted considera que es una farsa o un sainete, pero yo considero que es una cosa seria».

La última acusada en comparecer ante el tribunal del procés ha hecho una encendida defensa de la Carta Magna y ha dicho respetar el Tribunal Constitucional como máximo intérprete hasta que dictó al sentencia del Estatut, cuando, según su opinión, empezó a «utilizar criterios políticos en lugar de jurídicos». Ha sostenido que ningún miembro de la Mesa tenía intención de «desoír su mandato» y que ella tenía la obligación de defender la inviolabilidad parlamentaria y la libertad de expresión.

Se cuidó de ser categórica al negar los hechos por los que se enfrenta a 17 años de cárcel por rebelión: su participación en el plan secesionista a través del Parlament, a medida que la exfiscala general del Estado Consuelo Madrigal, le iba preguntando por las distintas suspensiones por parte del Constitucional del andamiaje jurídico para el referéndum.

En su opinión, el Constitucional «pedía una cosa que es imposible», porque la Mesa del Parlament no podía convertirse en un órgano «censor», se preguntó, para añadir que para ella «el único límite a la libertad de expresión y al debate parlamentario es el respeto a los derechos humanos», que recoge la Constitución y también os tratados internacionales.