La Fundación Francisco Franco ha presentado incidente de recusación contra el magistrado Pablo Lucas, ponente de la sentencia que el pasado 24 de septiembre avaló la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Piden que se aparte de la resolución de los tres recursos que aún quedan pendientes de resolver, entre ellos el de la propia Fundación, por haber formado parte en 1990 del tribunal que designó una plaza a la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la Universidad de Córdoba.
Esta circunstancia, revelada por el diario digital 'El Independiente', es calificada de "esperpéntica" por la Fundación, que en un comunicado emitido este miércoles recuerda que aún restan por resolverse los recursos contra el decreto del Gobierno sobre la exhumación que presentaron tanto esta Fundación como la Comunidad benedictina y con la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos. La deliberación de estos recursos está fijada para el próximo 17 de diciembre, apunta esta organización.
"Decimos esperpéntico por no decir tomadura de pelo" añaden, además de calificar de "regalo" el que hizo la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, y por unanimidad, al gobierno en funciones "para que se llevara a cabo la profanación en la fecha indicada por la vicepresidente Calvo y cumplir así con la proclama electoral usada como bandera en las últimas elecciones generales".
Todo ello hace presagiar, según aventura la Fundación, que la sentencia por su recurso será desestimatoria salvo que se acojan algunos de los fundamentos jurídicos no tratados en la anterior sentencia.
Nueva exhumación
En este caso, señalan "debería procederse a una nueva exhumación para que sea enterrado de nuevo en el Valle de los Caídos o, como decía la propia Ley de Memoria Histórica reformada por el gobierno vía decretazo, en el lugar donde la familia indicara, que es la cripta de la catedral de la Almudena, donde tienen en propiedad varias sepulturas de familiares".
Así, consideran que el magistrado Lucas del que dicen "ha tenido una relación muy especial con la señora Calvo", pone "muy en entredicho su imparcialidad objetiva a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
