La Fiscalía General del Estado pone en duda en su Memoria del 2018 que el sistema penitenciario catalán vaya a mantener la «tranquilidad e imparcialidad» necesarias a la hora de evaluar a los políticos juzgados por el proceso independentista en el caso de que finalmente sean condenados y cumplan allí sus penas.
Según el informe, «las autoridades de la Generalitat, incluido el actual director general de Institucions Penitenciàries, han mostrado públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto de los procesados por delitos muy graves que tuvieron lugar durante el denominado procés, a los que consideran presos políticos. Tales manifestaciones pueden poner en cuestión las condiciones de tranquilidad e imparcialidad que necesariamente han de concurrir en las autoridades y funcionarios de la Administración Penitenciaria catalana cuando hayan de evaluar a los presos si son finalmente condenados».
El ministerio público llega a esta conclusión a partir del informe remitido por el fiscal especialista de Barcelona, que, en referencia a la estancia de los presos preventivos del 1-O en cárceles de la Generalitat, señala que ha producido «distintas situaciones anómalas, como la existencia de manifestaciones como mínimo semanales delante de los centros penitenciarios donde se encontraban ubicados», y especialmente en las prisiones de Lledoners y Puig de les Basses, «así como una anormal presencia de autoridades no penitenciarias en dichos centros».
No es la primera vez que un representante de la fiscalía cuestiona la profesionalidad de alguno de los poderes catalanes. En febrero pasado, el fiscal del juicio al mayor Josep Lluís Trapero, exjefe de los Mossos, puso en duda la «imparcialidad y serenidad» de los tribunales catalanes. La fiscalía de la Audiencia Nacional matizó más tarde estas palabras ante el malestar mostrado por la judicatura de Cataluña.
