El Gobierno ha subrayado este viernes que, aunque la presidenta cesa del Parlament, Carme Forcadell, salga de prisión tras ingresar su fianza y aunque el Tribunal Supremo haya tenido en cuenta su promesa de acatar la ley, la Justicia continuará examinando sus responsabilidades.

"Está claro que los presuntos delitos siguen ahí", ha advertido el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en rueda de presa tras la reunión del Consejo de Ministros. "Me parece muy bien esa declaración de que no van a hacer nada ni a presente ni a futuro que suponga una alteración del orden constitucional", ha señalado Méndez de Vigo. A su juicio, la aplicación del artículo 155 de la Constitución está permitiendo "la vuelta a la normalidad".

La reflexión del portavoz se sitúa en la misma línea que la del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, que ha destacado que más allá de que Forcadell se haya "retractado" todavía "falta ver" que "cumple" con su palabra.

El Gobierno pone el foco en las consecuencias negativas que genera la situación de "incertidumbre" en Cataluña. Méndez de Vigo ha subrayado que esa "incertidumbre lastra el crecimiento de España" , aunque ha admitido que "si se disipa" la economía seguirá creciendo. En este sentido, ha comprometido que el Gobierno va a "batirse hasta el final" y "no da por perdido" que Barcelona sea la sede de la Agencia Internacional del Medicamento. También ha explicado que el Ejecutivo ha mantenido contactos para evitar que el Mobile World Congress abandone la capital catalana.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, en el capítulo que versa sobre la aplicación del 155, el manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales.