Arraiga en Madrid la sensación de que la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, prevista para el jueves 6 de febrero en Barcelona, está en el aire. El Gobierno no ha confirmado oficialmente todavía que la cita siga en pie ni tampoco lo contrario. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo confirman que el gabinete está analizando el nuevo escenario político que se abre en Cataluña y, por lo tanto, la incidencia que pueda tener en el encuentro programado.
El Gobierno mira con lupa no solo el paso de Torra de adelantar los comicios, sino también sus declaraciones este jueves, cuando ha cuestionado el futuro de la mesa de diálogo entre ejecutivos, pactada por el PSOE y ERC en las negociaciones de la investidura.
Se espera que en las próximas horas la Moncloa comunique oficialmente una posición. Mientras tanto, insisten en que de las palabras del vicepresidente, Pablo Iglesias, este miércoles en la Comunidad Valenciana no puede inferirse en absoluto que la reunión Sánchez-Torra esté asegurada.
La reunión, conseguida por ERC durante las negociaciones de la investidura, fue confirmada por el Gobierno este lunes por la tarde, después de la bronca entre republicanos y convergentes en el Parlamento catalán por la retirada del escaño a Torra. Ahora, tras el anuncio de adelanto electoral y tras que Torra anuncie este jueves que pedirá autodeterminación y amnistía en ese foro, el Ejecutivo valora el nuevo contexto.
El presidente continuará en su cargo la próxima semana, pero evidentemente, en una situación de manifiesta interinidad. A estas condiciones se le añade la sensación arraigada en la Moncloa de que Torra intentará tensionar en todo momento y más todavía en precampaña, para tratar de acorralar a sus todavía socios republicanos y retratarlos como los traidores que pactan con el "Estado opresor". Si algo está claro es que Sánchez se iba a reunir con Torra por petición de ERC. Si los de Oriol Junqueras, ya en precampaña, dejan de tener esa necesidad, el encuentro podría reenfocarse.
Sánchez teme que la situación en Cataluña complique el apoyo imprescindible de ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en Madrid, de forma que cualquier gesto que afecte a la política catalana es sensible y puede afectar a la legislatura.
La primera señal de alarma la ha lanzado este jueves la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien ha dado a entender que la reunión no está cerrada. "De producirse" ese encuentro, ha dicho, se hará dentro del "marco jurídico" y ha pedido a Torra "realismo". Fuentes gubernamentales han evitado aclarar a qué se estaba refiriendo Calvo con esa referencia hipotética, pero si han confirmado que los colaboradores del presidente están valorando las consecuencias del cambio de ciclo político que va a vivir Cataluña en los próximos meses.
