La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció ayeruna batería de contundentes iniciativas relacionadas con el franquismo. El Gobierno prepara una reforma «integral» de la ley de memoria histórica para lograr cinco objetivos. Declarar la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales de excepción de la dictadura. Impulsar las exhumaciones «desde lo público». Crear una «comisión de la verdad» sobre el régimen. «Resignificar» el Valle de los Caídos, donde está enterrado Francisco Franco, cuyos restos el Ejecutivo pretende trasladar de forma inminente. Y «retirar la simbología de exaltación de la guerra civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento» por parte de ayuntamientos u otras instituciones.

Al mismo tiempo, el Gobierno, dijo Delgado durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, estudia la vía para ilegalizar las asociaciones que hagan apología de la dictadura, como la Fundación Francisco Franco. En la actualidad, los donantes de esta entidad, que defiende la obra del dictador y afirma que él fue «la solución a todos los problemas que aquejaron a España», reciben beneficios fiscales.

La Dirección General para la Memoria Histórica, de nueva creación, tendrá un papel fundamental en todo este esfuerzo. El organismo, en el que participarán juristas, arqueólogos y forenses, publicará cada año los datos de exhumaciones, el número de personas localizadas, las peticiones registradas y la cifra de «prospecciones sin resultado positivo». También difundirá un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El Ejecutivo también reabrirá la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo, que Mariano Rajoy eliminó en el 2012.

«España no puede seguir siendo el país al que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores de las resoluciones que se refieren a violaciones de derechos humanos y al derecho a la verdad, la justicia la reparación y las garantías de no repetión», señaló Delgado, citando el informe que Pablo de Grieff, relator especial de Naciones Unidas, que en el 2014 denunció la «inacción» del anterior Gobierno ante las «justas demandas» de las víctimas del franquismo.

Para la ministra, resulta «inaceptable» que «España siga siendo el segundo país del mundo en número de desaparecidos», solo por detrás de Camboya. «No puede ser que personas con más de 90 años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres, de sus familiares, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento. No puede ser que las víctimas tengan que acudir a otro país para poner en marcha un procedimiento que debería ser atendido en España en respuesta a la petición de justicia de obligado cumplimiento por nuestros tribunales. No puede ser que haya miles de víctimas hoy en España aquejadas de indefensión judicial», concluyó la ministra, para quien «esta lacerante humillación nos humilla a todos como pueblo».