El Consejo de Ministros aprobó ayer las directrices generales de la llamada Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico, que incorpora el «impacto demográfico» a en la nuevas leyes y programas de inversión y garantiza, al menos sobre el papel, una plena conectividad territorial, es decir, una cobertura de internet de banda ancha y telefonía móvil en todo el territorio, y una «apropiada» prestación de servicios básicos en «condiciones de equidad».

La despoblación de la España rural es un factor clave cara a las elecciones del 28 de abril, ya que 99 escaños se reparten en las provincias menos pobladas y el último diputado, en unos comicios que se prevén reñidos, se puede decidir por un escaso margen de votos. No en vano, el líder y candidato del PP Pablo Casado pidió sin éxito a Vox que no se presentara en aquellos territorios donde quizá no alcance representación y pueda arañar apoyos que pueden ser decisivos para el PP. Vecinos de Teruel, Soria, Badajoz o Cuenca se darán cita mañana en Madrid, para reclamar que la España despoblada forme parte de la agenda política. Los convocantes de la manifestación han avisado a los partidos que «no caben en la manifestación».

La necesidad de aprobar una estrategia para favorecer a la España menos urbana fue uno de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes de enero del 2017, que pidió centrarse en tres cuestiones demográficas: la despoblación, el envejecimiento y los efectos de la población flotante. El Ejecutivo afirmó ayer que es fiel a este mandato con la aprobación de unas directrices que se remitirán a las autonomías para su aprobación en la próxima cita de presidentes.

Las directrices incorporan siete objetivos: garantizar una plena conectividad territorial; asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población; incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión; avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios; eliminar estereotipos y poner en valor la imagen y reputación de los territorios más afectados; mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público-privada y alinear los propósitos con la Agenda 2030. «El objetivo es conseguir una igualdad real y que exista libertad de elegir donde se quiere vivir», señaló la ministra Meritxell Batet.