El Gobierno advirtió ayer a la organización terrorista ETA de que no logrará ninguna contrapartida con su disolución, que el Ejecutivo vasco espera que sea clara y definitiva, y ha considerado que es el fruto de la victoria de la ley.

Tras conocerse el miércoles que ETA anunciará su disolución definitiva el primer fin de semana de mayo, en un acto que se celebrará en la localidad francesa de Bayona, han sido muchos los responsables políticos que se han pronunciado sobre este hecho histórico.

La tónica general de los pronunciamientos ha sido de exigencia hacia la organización terrorista, tanto para que su fin sea claro y definitivo, como para que lo aproveche para asumir todo el daño que ha provocado en más de cuatro décadas, así como de recuerdo hacia sus víctimas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que si efectivamente se concreta el anuncio de disolución de ETA será «la mejor demostración de cómo se vence al terrorismo, desde la firmeza del Estado de derecho, con las armas de la ley y solo con las armas de la ley».

Según la vicepresidenta, hace tiempo que la banda armada «fracasó en su proyecto» porque no tiene ningún futuro y «no ha conseguido nada en su tiempo de violencia», ni tampoco lo va a conseguir «después».

En esta línea también se manifestado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien afirmó que ETA «no ha conseguido ninguno de sus grandes objetivos por los que mataron y sembraron el terror en España». «No consiguió nada por dejar de matar y nada va a conseguir por su declaración de desaparición», recalcó.

Tanto la vicepresidenta como el ministro del Interior hablaron del «reconocimiento del papel de las víctimas» y del objetivo prioritario de preservar su memoria así como la dignidad, la verdad y la justicia.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, no quiso pronunciarse y se limitó a emplazar a ETA a que «diga lo que tenga que decir» el próximo 5 de mayo.

Su secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, ha pedido a la organización, que en octubre de 2011 ya anunció el cese definitivo de sus actuaciones terroristas, que «deje claro» que desaparece «completamente» para así poner fin a una historia «negra y terrible». También pidió claridad el Gobierno de Navarra, cuya portavoz, María Solana, resaltó que la disolución de ETA deberá ser «definitiva, real y unilateral», una «demanda unívoca de la sociedad navarra de hace demasiado tiempo ya».

Desde los partidos políticos, el presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, manifestó que este anuncio de disolución es la «buena noticia» de que ETA «asume su derrota» y que el Estado de Derecho y la democracia «triunfaron».

LLEGA TARDE / La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, afirmó que ETA «ha tardado mucho» en dar el paso para desaparecer y consideró «imprescindible» que pida perdón a las víctimas para «poder pasar página y superar tanto dolor».

El secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez, también cree que la disolución de ETA «llega tarde» y explicó que los terroristas no deben ser los protagonistas del final de la violencia, sino que «los protagonistas siempre tienen que ser las víctimas».

Del próximo final de definitivo de ETA también han hablado las principales asociaciones y sindicatos de policías y guardias civiles, que han manifestado su «desconfianza» y reivindicaron que, de producirse, debe ser considerado «una derrota», solo posible gracias a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por su parte, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, pidió ayer al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que impida «el teatro» y «la propaganda» en la disolución de la banda terrorista ETA y que no ceda las competencias penitenciarias a cambio.