"Hoy culminamos el primer pacto de Estado desde el año 2000, un acuerdo histórico que lanza el mensaje a las mujeres maltratadas de que vamos a trabajar juntos para acabar con ese infierno y al maltratador que no tiene cabida en la sociedad". Con estas palabras, la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, ha dado por finalizados los trabajos que comenzaron hace más de un año para implicar a administraciones, partidos, poder judicial y asociaciones del tercer sector, de forma coordinada, en la lucha contra una lacra que este año ha dejado ya 47 víctimas mortales.
Las comunidades autónomas, por unanimidad, han ratificado el acuerdo que se alcanzó en el Congreso hace dos meses, así como la toma en consideración del pacto en el Senado y las observaciones de las administraciones territoriales.
Los consejeros han reclamado que las más de 200 medias que incluye se apliquen de manera urgente y que la financiación llegue cuanto antes. "Las declaraciones políticas" deben ir acompañadas de "hechos y presupuestos", ha reivindicado la secretaria general de Igualdad de Extremadura, por ejemplo.
La ministra se ha comprometido ante las autonomías y en la rueda de prensa posterior a abrir el grifo de la financiación acordada. El pacto contempla destinar 1.000 millones, de los cuales 500 irán a parar a las Comunidades Autónomas y 100 a los ayuntamientos, a lo largo de los próximos cinco años.
Los 200 millones del 2018, en el primer trimestre
Los primeros 200 millones correspondería invertirlos en el 2018, pero como el Gabinete de Mariano Rajoy no ha logrado sacar adelante los presupuestos, la ministra ha garantizado que o bien se incluye una partida si el PP logra socios suficientes para aprobar las cuentas o bien se hace una modificación extraordinaria en la prórroga del 2017, en el primer trimestre del próximo año. Ya el pasado noviembre el presidente del Gobierno avanzó que las próximas cuentas incluirán este montante.
El pasado 28 de noviembre se aprobó por parte del Congreso los mimbres del Pacto, que incluyen más doscientas medidas, y se mandató al Ejecutivo a que en el plazo de dos meses se sometiese el mismo al informe de las autonomías, los ayuntamientos, las organizaciones del tercer sector y el poder judicial". "Hoy culminamos ese trabajo", ha explicado Monserrat.
Las primeras medidas
Las CCAA y los Gobiernos han acordado poner en marcha de forma urgente, a partir de enero, 26 medidas, entre ellas un amplio paquete destinado a mejorar la protección de los menores, también considerados víctimas de la violencia machista. Así, se harán estudios sobre su situación, se suspenderá el régimen de visitas de los maltratadores, se prohibirá que el padre acceda a las grabaciones de la exploración judicial de los menores, y se dará asistencia a los niños, así como formación especializada a quienes trabajan con la infancia y la adolescencia.
Además, entre las propuestas urgentes se contempla mejorar la formación del personal sanitario y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de los operadores judiciales, la creacción de protocolos para mejorar la coordinación entre todos los actores implicados, así como para detectar el maltrato, sin que la víctima interponga una denuncia.
También se harán campañas informativas sobre otras formas de maltrato, ya que se amplía el concepto de violencia machista.
