La vicepresidenta y portavoz del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que, además de mandar a la Abogacía del Estado que estudie si la fórmula que utilizó Carles Puigdemont en su toma de posesión como 'president' de la Generalitat vulnera algún precepto legal, el Gobierno central ha ordenado también que se analicen lascompetencias de la recién creada Conselleria de Exteriors, Transparència i Relacions Institucionals, al frente de la cual está Raül Romeva.

Santamaría ha explicado que, igual que se hizo con la primera declaración soberanista aprobada por el Parlament en enero del 2013, el Ejecutivo del PP pedirá a la Abogacía del Estado informes sobre "cualquier actuación" que considere que "puede vulnerar la Constitución". "Ya lo dijo el presidente (Mariano) Rajoy el día de la investidura: no vamos a dejar pasar una actuación que sea contraria a las leyes (...). Estaremos muy vigilantes", ha añadido la portavoz a preguntas de los periodistas.

"Estamos analizando la toma de posesión y las competencias de la Conselleria de Exteriores, analizaremos todos los pasos que den la Generalitat y el Parlament, porque la declaración independentista ha sido declarada nula por el Tribunal Constitucional", ha abundado Santamaría, que ha evitado dar más detalles acerca de cómo van los informes requeridos hasta que no estén acabados.

SIN CONTACTO

La vicepresidenta ha confirmado que, tal y como reveló la víspera el nuevo 'president' en una entrevista en TV-3, Rajoy no se ha puesto en contacto con Puigdemont y se ha limitado a reclamar al mandatario catalán "que se ajuste a la legalidad" y que "no siga en su proceso de fractura".

Respecto de las informaciones aparecidas en algunos medios que hacen referencia a subvenciones públicas que recibió Puigdemont siendo diputado, Santamaría ha instado al 'president' a "dar explicaciones". "Los ciudadanos se merecen una explicación, sobre todo en tiempo de escasez y dificultad económica, que la Generalitat las ha tenido y muy grandes", ha apostillado para añadir que el Gobierno "ha colaborado intensamente" para que se pudieran pagar los servicios públicos, que cobraran los proveedores o que se abonaran las nóminas.