El Gobierno sacó el jueves un comunicado en el que aseguraba que no pensaba sufragar la defensa de Pablo Llarena por sus «expresiones o manifestaciones privadas», pero que contrataría a un bufete privado para defenderle si se cuestionaba su instrucción en el juicio al procés. Esa ambigüedad le hizo recibir palos por todas partes, en especial de los que creían que había dejado tirado al magistrado instructor del 1-O. Tras un fin de semana en el que ha encajado las críticas de jueces, fiscales, del PP y Ciudadanos, el Ejecutivo lanzó ayer un nuevo comunicado en el que explica que inició «hace días los mecanismos para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del juez Llarena» entre los que se encuentra (esta vez sin condiciones) la contratación de un despacho de abogados de ese país.
Desde el punto de vista de la Moncloa, no se ha producido ningún cambio de criterio en el Gobierno. El Gobierno sigue pensando que no le corresponde actuar en la defensa de un juez por sus acciones particulares pero ha actuado (con la búsqueda de un bufete) a partir del momento en que ha entendido que en la causa se ha puesto en tela de juicio la soberanía jurisdiccional de España. No precisa si el término «desde hace unos días» abarca la fecha del jueves, fecha en la que el Ministerio de Justicia, a través de un comunicado público, dio a entender que el Gobierno se desentendía de la asistencia jurídica al juez. Según fuentes de la Moncloa, el exceso de «ruido político» producido en los últimos días sobre esta cuestión es lo que finalmente ha llevado al Gobierno a intentar «aclarar» su posición al respecto en la tarde de ayer. La «aclaración» se produce un día después de la reunión informal de los ministros de Sánchez en la finca de Los Quintos de Mora (Toledo).
Un día antes, el viernes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Carmen Calvo, al ser preguntada por la actitud política del Gobierno en esta cuestión volvió a desmarcarlo de la asistencia a Llarena y atribuyó esta tarea al CGPJ. Según dijo la vicepresidenta el viernes, solo intervendrían en el caso si se cuestiona la soberanía jurisdiccional de España. «Eso sí le corresponde al Ejecutivo y en ello está el Ministerio de Justicia», dijo. En el comunicado de ayer, el Ejecutivo explicó haber atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial «hasta este momento» en relación a la demanda contra el juez para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones «de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española» que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.
CRÍTICAS DE CASADO / El presidente del PP, Pablo Casado, aprovechó este caso como ejemplo de lo que considera «bandazos» del Gobierno. «Siguen los bandazos del Gobierno. Primero nos insultan por criticar su incompetencia y luego dan marcha atrás y hacen lo que reclamábamos. Inmigración, economía... y ahora Justicia. El PP lleva la iniciativa y la izquierda solo acierta cuando rectifica», escribió Pablo Casado en un mensaje en Twitter.
Antes de que se hiciera público este comunicado, Carles Puigdemont consideró que la actitud del gobierno español en la demanda contra Llarena en Bélgica es «correcta», aseguró en declaraciones a TV3, antes de intervenir en el foro internacional escocés Beyond Borders, donde instó al Gobierno español a pasar de la «retórica» a los «hechos» y a abrir un diálogo con Cataluña exento de «condiciones previas» y «líneas rojas» que aborde el derecho de autodeterminación.
