La composición del primer Gobierno de coalición desde la restauración democrática no puede decirse que se haya conocido como debía ser de rigor. Primero fue el partido Unidas Podemos (UP) el que lanzó los nombres de sus ministros al día siguiente de la votación de investidura: se difundió el contenido de la vicepresidencia de Pablo Iglesias y los titulares de Igualdad, Trabajo, Consumo y Universidades. Después, Pedro Sánchez respondió con la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico para Teresa Ribera, una iniciativa que diluye el papel de Iglesias, que compartirá rango con tres mujeres y no con dos.

Finalmente, se ha ido conociendo el Gobierno mediante el goteo de nombres, una estrategia de comunicación destinada a acaparar titulares cada hora y que ni siquiera se puede considerar una respuesta a las filtraciones de UP porque en el «Gobierno bonito» de junio del 2018 ya sucedió algo parecido.

Todo esto desprende un tufo de doble Gobierno, que es precisamente lo que Sánchez siempre dijo que había que evitar, y recuerda lo ocurrido en Cataluña en el primer tripartito, cuando ERC filtró los nombres de sus consellers antes de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, diera por cerrado el Govern.

Pese a ello, si exceptuamos los ministros de UP, el nuevo Gobierno de Sánchez es muy de Sánchez, porque no parece que haya hecho mucho caso al partido, que reclamaba ministros más políticos para contrarrestar los perfiles de Podemos. Más bien las incorporaciones refuerzan la impresión de un Gobierno muy económico, además de largo.

Los titulares de Exteriores, Arancha González, y Seguridad Social, José Luis Escrivá, tienen ese perfil, así como la nueva portavoz, María Jesús Montero. En la portavocía sí que aumenta el componente político, así como en la figura del nuevo ministro de Sanidad, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa.

La oposición, imparable

Por el momento, la eficacia del protocolo de funcionamiento y coordinación suscrito el miércoles por el PSOE y UP es perfectamente descriptible. Sin embargo, en la lealtad y la cooperación que establece ese documento, en la discreción, en el respeto de las competencias de cada área y en el arbitraje de las discrepancias en la comisión de seguimiento que se va a crear reside el secreto de que el Gobierno de coalición no fracase por sus enemigos interiores. Porque los externos se van a emplear a fondo para que el primer pacto entre las dos izquierdas se estrelle. La oposición de la derecha política y mediática será implacable.

La primera muestra es el veto del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora y en funciones desde diciembre del 2018, como ya hizo Mariano Rajoy entre noviembre del 2006 y septiembre del 2008, también cuando la mayoría era conservadora. A cambio de no abstenerse en la investidura, Pablo Casado ofrecía pactos de Estado. Una falacia porque sin investidura no hay Gobierno y porque, como se ve ahora, el primer pacto de Estado posible y necesario seguirá bloqueado.