Ya está. El real decreto ley sobre los remanentes municipales está sentenciado. Muere. No tiene los apoyos para ser convalidado por el pleno del Congreso de los Diputados. El debate de este jueves ya era baldío para convencer voluntades, porque la exigencia de que el voto telemático estuviera registrado a las nueve de la mañana hacía posible conocer los números por anticipado. Saber que la negociación, pese a que se apuró en las últimas horas, y pese a que Hacienda, a la desesperada, puso una última oferta sobre la mesa, no había logrado concitar un mayor consenso. El último gesto del Gobierno, no obstante, sí sirvió para que se adhirieran al decreto los comunes de Ada Colau, por lo que la unidad del Ejecutivo queda salvaguardada, ya que tanto el PSOE, el único partido que ha defendido estas semanas la medida, como Unidas Podemos, que mostraba muchos recelos, finalmente lo respaldan.
El Ejecutivo, pues, sufre una derrota histórica, que rara vez se ve en el Congreso. Solo en cuatro ocasiones anteriores había rechazado refrendar un real decreto ley del Gobierno en más de 40 años de democracia. La primera vez, en 1979, con la UCD en la Moncloa. La segunda, en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder, y fue por error. La tercera, en marzo de 2017, con Mariano Rajoy, por la estiba. Y la cuarta y última, en enero de 2019, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, por la vivienda, aunque meses más tarde reformuló el texto, que ya sí logró salir adelante. El simbolismo y el peso de esa derrota explica que Hacienda estuviera negociando hasta última hora, sin éxito.
