La Audiencia Nacional considera que la responsabilidad y la relevancia de las funciones de los altos cargos obliga a facilitar la identidad de aquellos que no cumplan con la obligación de hacer pública su declaración de bienes o no lo hagan en plazo, por lo que el Gobierno debe proporcionarla si se le solicita. La Audiencia se pronuncia así en relación con una petición de información en este sentido realizada por parte de El País, de la que discreparon el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI).
La Audiencia afirma que «el alto cargo, por la responsabilidad y la relevancia de las funciones que desempeña, solo puede ser ejercido por personas que respeten al marco jurídico y con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a su función pública».
