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Las consecuencias del coronavirus

El Gobierno defiende su pacto con Bildu para ampliar la alarma

Montero elogia el «patriotismo» de la patronal CEOE para volver a negociar tras la polémica. El Ejecutivo afirma que seguirá tendiendo la mano a todos los partidos para llegar a acuerdos

 

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, en el Congreso de los Diputados. - ballesteros / efe / pool

JUAN RUIZ SIERRA
23/05/2020

El Gobierno defiende que se pacte con EH Bildu. Ayer, un día después de provocar un amplísimo malestar entre los empresarios, los sindicatos, aliados como el PNV y Ciudadanos, el PSOE e incluso varios ministros, el Ejecutivo se alejó del contenido de su acuerdo con los aberzales, que prometía que la reforma laboral del PP estaría derogada de forma «íntegra» antes de las vacaciones de verano, pero se reafirmó en la necesidad de alcanzar, llegado el caso, entendimientos con el partido vasco, heredero de Batasuna. «Los vetos contrapuestos hacen inviable cualquier tipo de acuerdo. Tenemos que resetear muchas posiciones adoptadas de antemano», dijo ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

La coalición del PSOE y Unidas Podemos pactó el pasado miércoles con EH Bildu ese cambio legal a cambio de que sus cinco diputados se abstuvieran en la prórroga del estado de alarma. El partido vasco no era necesario para sacar adelante esta iniciativa, pero la Moncloa, ante el peligro de no lograr el sí de Cs y PNV, y teniendo claro que el PP votaría en contra, quiso asegurarse que los aberzales no bloqueaban. Más allá de la conveniencia de incorporar a EH Bildu como un interlocutor, el acuerdo casaba mal con la doctrina del Ejecutivo, sobre todo la de los socialistas, que siempre ha mantenido que se debía derogar solo los aspectos «más lesivos» de la reforma del PP porque si no se entraría en un «vacío legal».

EL DESCONCIERTO / El entendimiento, anunciado por EH Bildu cuando ya se había producido la votación de la alarma, causó un enorme desconcierto, dentro y fuera del Ejecutivo. Varios ministros desconocían en qué consistía el pacto, como Yolanda Díaz, de Trabajo, y Nadia Calviño, la vicepresidenta económica. Calviño mandó parar. Casi a las 12 de la noche, el PSOE rectificó, aclarando que la derogación (sin ninguna etiqueta) se haría de forma «urgente» (sin ninguna fecha). Lo mismo que decía el pacto de coalición entre PSOE y UP.

Pero ya era tarde. Los sindicatos y los empresarios se quejaron de no haber sido consultados. La patronal CEOE anunció que se levantaba de la mesa del diálogo social, pese a que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llamó a su presidente, Antonio Garamendi, para rebajar tensiones.

Montero se esforzó ayer en reducir este malestar. «El diálogo con empresarios y sindicatos es más importante que nunca. Solo desde el diálogo social vamos a llegar a acuerdos», explicó la también ministra de Hacienda, alejándose por completo de lo pactado con EH Bildu, que no mencionaba la negociación con las centrales y los empresarios. La portavoz dijo que «entiende» la sorpresa de Garamendi por el acuerdo parlamentario, pero confió en que la CEOE se vuelva a sentar, porque su presidente «no es un patriota de boquilla».

TENSIONES INTERNAS / Pero la posición expresada por Montero no es compartida por todo el Ejecutivo. El jueves por la mañana, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, señaló que el pacto con Bildu se tenía que cumplir en todos sus extremos y horas después, Calviño argumentaba todo lo contrario, que «sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento». Un choque interno que llega acompañado por el enfado de todos sus socios tradicionales que se quejan de la falta de interlocución con la Moncloa.

Algunos miembros del propio Ejecutivo se lamentan también de lo mismo. Las decisiones, dicen, se toman en un grupo reducido de personas, el núcleo duro de Sánchez, mientras que muchos ministros son meros espectadores: se enteran de las iniciativas cuando estas son anunciadas. Ocurrió con la última prórroga, que pasó de 30 a 15 días sin que se debatiera en el Consejo de Ministros, y volvió a ocurrir con el pacto con Bildu.

«En este Gobierno puede haber distintas sensibilidades, pero vamos todos a una», dijo sobre las diferencias internas Montero. Además, defendió que seguirán cumpliendo su obligación de amarrar sus apoyos para el estado de alarma. «Volveremos a tender la mano a todos para llegar a acuerdos», dijo. Es decir, el calvario de buscar apoyos volverá a producirse, salvo sorpresas, en dos semanas.

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