El Gobierno exige a los Franco la devolución del Pazo de Meirás, una propiedad que el dictador expolió al pueblo y en el que sus herederos siguen pasando las vacaciones de verano. La Abogacía del Estado ha llevado a los tribunales la eterna reclamación de las asociaciones en defensa de la memoria histórica y pide que el recinto sea declarado bien de dominio público.

El presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, afirmó ayer en Los Desayunos de TVE que la demanda, avanzada por El País, responde a que la familia «actuó contra derecho». El Gobierno sostiene que la venta a Francisco Franco del Pazo de Meirás fue «fraudulenta» y «simulada», puesto que el palacete de Sada (La Coruña) ya era residencia de verano del dictador.

La Abogacía del Estado aporta a la causa un acta notarial de 1938, desconocida hasta ahora. El documento detalla que la «Junta pro-Pazo del Caudillo» -la encargada de gestionar la supuesta donación para Franco- compró el inmueble el 3 de agosto de 1938, por 406.346 pesetas, a los herederos de la escritora Emilia Pardo Bazán.

Se trata de una escritura anterior a la que, en 1941, firmó Franco por un supuesto precio de 85.000 pesetas.

Según la Abogacía del Estado, fue una segunda compraventa ficticia que permitió al dictador la inscripción del inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad. «Tenemos datos suficientes para que [el pazo] vuelva a ser lo que siempre fue, que es patrimonio del Estado», afirmó ayer el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.

PETICIÓN DE GALICIA / La demanda responde a la resolución de julio del año pasado, aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia, que instaba al Estado a ejercer las acciones legales procedentes cara a la recuperación del pazo.

El Ayuntamiento de Sada se personará en la causa contra los Franco e invitó a la Xunta a hacer lo mismo. Pese a que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, aseguró estar satisfecho por la demanda, mostró dudas sobre si su Gobierno tiene «legitimación activa» para sumarse al proceso. Algo que también le reclamó el grupo parlamentario de En Marea, cuyo viceportavoz, Antón Sánchez, celebró la «buena noticia» que supone la reclamación del pazo. La definió como «un nuevo hito» en una «lucha de muchos años, sobre todo de la sociedad civil y de los colectivos de la memoria».

La Asociación para la Recuperación da Memoria Histórica pidió que la posible recuperación del inmueble sea «el primer paso» para «terminar con el expolio» que los Franco han llevado a cabo a través de la «corrupción política y económica» y del «botín de guerra» obtenido mediante los «efectos del terror».