El Gobierno prevé que la sentencia del procés provoque un impacto internacional que puede permitir a los independentistas volver a visibilizar su causa, pero que tendrá nula trascendencia política. La Moncloa descarta reacciones gubernamentales alineadas con los separatistas tras el fallo del Tribunal Supremo, puesto que considera que esa fase está superada. Asume, en cambio, que habrá impacto mediático en el exterior. También que, en una decena de países, determinados líderes de la opinión pública puedan agitar de nuevo acusaciones por vulneración de Derechos Humanos, una tesis que las cargas policiales del 1-O contribuyeron a diseminar. «Nadie pregunta ya por Cataluña. Es una fase superada», resumen fuentes gubernamentales en declaraciones a este diario. La decisión judicial «va a tener recorrido», auguran, entre colectivos sociales y algunos líderes políticos que simpatizan con el procés. El Gobierno prevé mayor «impacto» en países donde hay grupos políticos independentistas, nacionalistas o vinculados al populismo de izquierdas; aquellos que han acogido a los líderes catalanes huidos; y en los que tienen un fuerte vínculo histórico y cultural con Cataluña: Francia, Bélgica, Suiza, el Reino Unido, Alemania, Italia, México y Argentina, fundamentalmente. Estos grupos empáticos con el independentismo catalán, calcula el equipo de Sánchez, pueden lanzar acusaciones que traten de poner en duda la separación de poderes, que el juicio haya sido imparcial, e incluso que el Estado haya vulnerado los Derechos Humanos.

En segundo término, la Moncloa también da por hecho que la sentencia atraerá la atención de los principales medios de comunicación mundiales. Esperan que haya entrevistas a los líderes independentistas, periodistas enviados especiales cubriendo las reacciones en Cataluña y entienden que todo el aparato del procés tratará de extraer el máximo partido de ese tirón mediático. El ruido, pronostican, se escuchará sin duda, pero se modulará en función de la respuesta institucional y ciudadana que haya finalmente a la sentencia.

La intención del Gobierno es «volver a argumentar lo evidente»: que el juicio ha sido justo y que el cumplimiento de la ley es ineludible. «Expondremos nuestro punto de vista. No vamos a comentar la sentencia. Insistiremos en la separación de poderes», explican.

Si el independentismo tiene la tentación de pensar que pueden repetirse imágenes como las del 1-O, advierten, se equivoca.