El Gobierno le devuelve a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo que nunca le debió quitar: la fijación de los peajes de la luz y del gas. Según la normativa comunitaria es el regulador independiente quien debe fijar estos peajes, sin embargo, el anterior Ejecutivo decidió arrebatar a la CNMC el control de los mismos, lo que supuso un dictamen motivado por parte de la Comisión Europea y la amenaza de Cañete de llevar al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El inicio del problema surgió en el año 2014 poco después de la creación del ente que agrupó a los organismos de competencia y regulación españoles (octubre de 2013)-, cuando el ministerio de energía de Rajoy decidió quitar al organismo dirigido por José María Marín Quemada las competencias para fijar los peajes de la electricidad y, unos años después, hizo lo propio sobre los del gas natural. Bruselas abrió en el 2016 una investigación al Ejecutivo, sin embargo, el entonces ministro Álvaro Nadal hizo oídos sordos y tensó el enfrentamiento entre la CNMC y el Gobierno.

Los peajes repercuten en la factura de la luz y el gas de los consumidores -siendo junto con los cargos de aproximadamente el 40% de dicha factura- y con ellos se costea el acceso a las redes de suministro energético. Así, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que el organismo regulador será el encargado de establecer a partir del año que viene el valor de los peajes de acceso a las redes eléctricas y del gas natural, pero también la metodología y estructura de los mismos, así como de las plantas de gas natural licuado.

Además, también serán de su competencia las retribuciones de estas actividades, así como del operador del sistema eléctrico (Red Eléctrica Española) y del gestor técnico del sistema gasista (Enagás). Igualmente, las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional y el control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte, pudiendo hacer recomendaciones para su modificación.

LA BAZA DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA

La CNMC tendrá la potestad de marcar los nuevos valores. No obstante, el ministerio para la Transición Ecológica se guarda la baza de la orientación de la política energética, es decir, los técnicos de la CNMC deberán tener en consideración para calcular las tarifas las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética como la seguridad de suministro, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la calidad del aire o la lucha contra el cambio climático.

Según explica en un comunicado el ministerio, previamente a la circular de peajes para el año siguiente, el Gobierno y el organismo regulador deberán establecer las metodologías para su cálculo -el Gobierno para los cargos y retribuciones reguladas y la CNMC para los cánones y peajes de acceso-. El Ejecutivo podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las orientaciones y en caso de suscitarse discrepancias entre ambas partes, se convocará a una Comisión de Cooperación formada por tres personas de la CNMC y tres de la Secretaría de Estado de Energía.

En el caso de que se alcance un acuerdo en el seno de la Comisión de Cooperación, la circular de la CNMC indicará que se aprueba "de acuerdo con las orientaciones de política energética del MITECO", sino deberá indicar que se adopta "oído el MITECO".

El Consejo de Ministros de este viernes materializa una decisión anunciada por la ministra Ribera pocos días después de su llegada al cargo y sobre la que se comprometió en el mes de junio con el comisario europeo de energía, Miguel Árias Cañete y que marca un antes y un después en la regulación del mercado interno. "Garantiza la plena independencia del regulador y sienta las bases de un trabajo coordinado entre Gobierno y CNMC que, por otro lado, viene desarrollándose desde la puesta en marcha del MITECO", señala el ministerio.