La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró que una vez se den oficialmente por concluidas las diligencias judiciales en el Supremo que afectan a los políticos catalanes presos será el momento en que el Ejecutivo socialista «evaluará» un posible acercamiento a prisiones catalanas y actuará «por el bien de todos». Celaá se pronunció así, sin dar más pistas sobre cuál es el calendario que maneja realmente Interior para este asunto que se ha colocado en el foco de la actualidad. «Cuando las circunstancias cambian, se requieren otras políticas», apuntó.

El jueves el instructor de la causa en el Supremo, el juez Pablo Llarena, emitió un auto en el que apuntó que no es suya la competencia de acercar o no a los presos. Esto es, que la decisión es política y se debe enmarcar en el departamento que ahora lleva el ministro Fernando Grande-Marlaska.

«Esta es una cuestión de matices. El Gobierno ese consciente de que los presos en situación provisional están a disposición del juez instructor y deben estar cerca del juez instructor. Una vez concluidas las diligencias están bajo la competencia de instituciones penitenciarias», señaló Celaá.

Entre los partidos independentistas hay diferentes enfoques sobre el asunto. Junts per Catalunya lucha por exceder los límites del debate acerca de un eventual acercamiento de los políticos presos. Aunque ERC ya se pronunció a favor de la medida, el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, evitó dar un apoyo explícito al traslado a cárceles catalanas.

El motivo: que negociar sobre su estatus equivale según él a «poner el foco» en el sitio equivocado. «Nosotros pedimos la libertad. No vamos a entrar en el juego de un nuevo marco mental que los convierta en mercancía», dijo.

Haciendo equilibrios, el portavoz de JxCat también reconoció que hay «una cuestión real, logística» que preocupa a las familias de los presos. Pero a la vez insistió en que «la dignidad no se negocia», y en que «los presos políticos no pueden ser moneda de cambio».

La cuestión de los dirigentes independentistas encarcelados formará parte del encuentro que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantendrá «en breve» con el president, Quim Torra.

DENUNCIA A LLARENA / El presidente del Parlament, Roger Torrent, denunció ayer al juez instructor de la causa por el proceso soberanista, Pablo Llarena, y a otros tres magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo por presuntos delitos contra los derechos fundamentales de los diputados en prisión y en el extranjero, detención ilegal, obstrucción al funcionamiento de la Cámara y prevaricación judicial.

En la denuncia, que se presentó ayer en el registro del Tribunal Supremo dirigida a la Sala Segunda, consideran que al mantener en prisión preventiva a los políticos soberanistas se están cometiendo delitos contra los derechos fundamentales, recordando que los parlamentarios gozan de inmunidad, por lo que deberían haber sido liberados al ser elegidos el 21-D.