La vicepresidenta del Gobierno en funciones,Soraya Sáenz de Santamaría, ha evitado este viernes confirmar el posible ajuste del gasto en sanidad y educación (de unos 12.000 millones hasta el 2019) que se desprende de las cifras remitidas por el Ejecutivo a Bruselas dentro del Programa de Estabilidad 2016-2019.

Las cifras del ajuste se desprenden del análisis sobre el Programa de Estabilidad que ha realizado la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF). Al ser preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Minsitros, la vicepresidenta ha evitado una respuesta directa y se ha limitado a subrayar que la reducción del déficit público a partir de ahora será más fácil, en un escenario de crecimiento económico.

Soraya Sáenz de Santamaría se ha referido a las medidas previstas para lograr reconducir el déficit público en el 2016, que incluyen unacuerdo de no disponibilidad (recorte) en el Presupuesto del Estado por 2.000 millones de euros y algunos ajustes en lascomunidades autónomas que la Autoridad Fiscal cifra en 1.510 millones. Al ser repreguntada sobre posibles ajustes en educación y sanidad, la vicepresidenta ha vuelto a evitar la cuestión directa.

MEDIDAS ADICIONALES

Sin embargo Sáenz de Santamaría ha evitado referirse a las cifras del 2019 incluidas en el Programa de Estabilidad, de las que se concluye que solo son posibles si el Gobierno adopta medidas para frenar el crecimiento del gasto en sanidad y en educación por importe de unos 12.000 millones de euros (una dimensión similar al tijeretazo que sufrieron estas partidas autonómicas en el 2013).

En relación al debate en las instituciones europeas sobre la posible imposición de una multa a España por la desviación del déficit en el 2015 (hasta el 5,1% del PIB, frente al objetivo del 4,2%) y la no adopción de "medidas efectivas" para su corrección, la vicepresidenta ha defendido, como principal argumento de defensa, el gran esfuerzo realizado por Espara para reducir el desfase presupuestario desde el 11% del PIB del 2009 al 3,6% previsto para el 2016. La Comisión Europea debatirá esta cuestión el 18 de mayo.