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El Gobierno evita enredarse con la retirada de los lazos amarillos

Colau lo retira del ayuntamiento tras el ultimátum que le da la Junta Electoral. La Moncloa impone prudencia para que el conflicto catalán no agite la campaña

 

Encapuchados retiran el lazo amarillo del Ayuntamiento de Barcelona. - ricard cugat

IOLANDA MÁRMOL
15/03/2019

El Gobierno se autoimpone prudencia ante la nueva polémica de los lazos amarillos para evitar jalear la confrontación con el independentismo en la carrera hacia el 28-A. El equipo de Pedro Sánchez prefiere que el tema no entre en la campaña de las elecciones generales, consciente de que el conflicto catalán beneficia a las derechas pero es un punto controvertido para los socialistas. No parece algo sencillo de escorar. Ayer, la Junta Electoral de Barcelona dio 12 horas a la alcaldesa, Ada Colau, para que retirara el lazo de la fachada del ayuntamiento porque considera que exterioriza «la ideología de determinados partidos». El mandato es la respuesta a la reclamación del PP. Pasadas las diez de la noche, el consistorio informó de que había retirado el símbolo.

En la noche del miércoles, un grupo de encapuchados retiraron el lazo, que pudo recuperar la Policía Local y que fue repuesto en el balcón consistorial por la mañana. A pesar de las dificultades, el gabinete presidencial trata de que la pugna con el soberanismo no escale en la contienda del 28-A, máxime tras constatar en los estudios poselectorales que en los comicios andaluces fue la unidad de España el eje central que movilizó al electorado de derechas (y no la inmigración, como se especulaba).

El Ejecutivo no quiere cargar las tintas contra la decisión de Quim Torra de no acatar el mandato de la Junta Electoral Central (JEC) que el lunes acordó que los lazos amarillos y las esteladas son «símbolos partidistas» y le urgió a retirarlos. Fuentes gubernamentales confirman a este diario que Sánchez no tiene previsto hacer referencias a la cuestión de los lazos en sus mítines. Por el momento. Nadie descarta que el conflicto se eleve. Mañana hay convocada una manifestación por el derecho a decidir en Madrid, para la cual se han fletado 380 autobuses.

El Gobierno prefiere dejar todo el protagonismo a la JEC, que no varía su agenda a pesar del sonoro plante de Torra y volverá a reunirse como estaba fijado el próximo lunes a mediodía. Será entonces cuando se ponga a evaluar este conflicto. Estudiará el escrito remitido por Torra, que se niega a retirar estos elementos porque considera que hacerlo implicaría un recorte de la libertad de expresión.

Ciudadanos sin embargo agita el debate. Fue el partido de Albert Rivera el que planteó la primera reclamación ante la JEC y, ante la negativa de Torra, ayer volvió a protestar ante este órgano. Además, el portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, advirtió que su partido está estudiando elevar una denuncia ante la Fiscalía. La proactividad de Ciudadanos choca con la llamada a la calma en el Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue cauteloso al valorar el conflicto. Apeló a la necesidad del Ejecutivo de mantener una «escrupulosa neutralidad política» y dejó toda reflexión a la JEC.

MÁS TIEMPO PARA TORRA / En la misma línea, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, instó a Torra a cumplir la resolución, pero abogó por darle tiempo para que obedezca al organismo arbitral antes de tener que forzar una vía judicial. Recordó, además, que el president está en su derecho de presentar alegaciones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió de que si Torra no retira los lazos caerá «todo el peso de la ley».

Es previsible que la JEC responda las alegaciones del president y le envíe un segundo requerimiento para pedirle la retirada de lazos y esteladas. De no cumplir, podría trasladar el caso a la Fiscalía o pedir que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deduzca testimonio a Torra por un presunto delito de desobediencia.