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CAMBIOS EN EL CÓDIGO PENAL

El Gobierno hace cálculos para rebajar la sedición cuanto antes

El cambio podría entrar en vigor a finales de primavera si se tramita con urgencia en el Congreso / Calvo defiende acompasar el Código Penal para que esté a la altura del derecho europeo

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - JOSÉ LUIS ROCA

JUAN RUIZ SIERRA / IOLANDA MÁRMOL
23/01/2020

El Gobierno considera que la reforma del Código Penal para suavizar el delito de sedición, un cambio del que se podrían beneficiar Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas condenados por el 1-O, no tiene por qué demorarse en exceso. Los cálculos del PSOE señalan que la modificación podría entrar en vigor incluso antes del verano, siempre que se lleve a cabo por el trámite de urgencia parlamentaria, un paso que la Moncloa contempla dar, según fuentes socialistas.

Los colaboradores de Pedro Sánchez intentan desvincular en público la reforma de la actual aritmética parlamentaria, en la que el Gobierno de coalición necesita al independentismo catalán para casi todo, empezando por la reciente investidura. El cambio del Código Penal, que también abarcará el endurecimiento de los delitos medioambientales y la exigencia de consentimiento expreso en las relaciones sexuales, obedece, según dijo este miércoles la vicepresidenta, Carmen Calvo, a la necesidad de adecuar los "tipos penales" al "derecho comparado europeo".

Pero los socialistas subrayan en privado que la reforma, al ser beneficiosa, se aplicaría de forma retroactiva a los condenados por el 1-O, que verían rebajadas sus penas. Todo en un contexto en el que el Gobierno necesita a ERC para sacar adelante los próximos Presupuestos Generales del Estado, que Sánchez quiere tener aprobados antes de que acabe el verano, poniendo fin así a las sucesivas prórrogas de las cuentas públicas que Mariano Rajoy logró aprobar en mayo del 2018, justo antes de la moción de censura que le obligó a abandonar la Moncloa. Mientras tanto, la derecha ya habla de "amnistía" encubierta a Junqueras.

Mayoría en la Mesa

El PSOE y Podemos, que van de la mano en esta propuesta, lo tienen casi todo a favor para tramitar la reforma penal por la vía de urgencia, un itinerario que acortaría los plazos ordinarios y que podría hacer que el cambio normativo estuviese en vigor dentro de unos tres meses. En la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara baja, con capacidad para acelerar o frenar las iniciativas parlamentarias, socialistas y morados tienen mayoría. Si decidieran presentar la reforma vía proposición de ley de las fuerzas parlamentarias, y no como proyecto de ley del Gobierno, esquivarían el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está pendiente de renovación y tiene mayoría conservadora.

El próximo 3 de febrero arrancará la XIV legislatura en las Cortes. Dos semanas después, en principio, se formarán las comisiones parlamentarias. La de Justicia, encargada de la reforma, estará presidida por un diputado del PSOE o Podemos. A partir de ahí, los plazos dentro del trámite de urgencia son de unos dos meses en el Congreso y 20 días en el Senado, por lo que en mayo podría entrar en vigor la rebaja de la sedición.

Un cambio "necesario"

El PSOE no llevó en su programa electoral la rebaja de la sedición, ni Sánchez defendió la propuesta durante la campaña, pero Calvo argumentó este miércoles que era "necesaria" porque hay tipos penales españoles que "no están a la altura" de Europa. "Son anteriores a la Constitución y se acompasan mal con acontecimientos nunca queridos. Hay que acompasar comportamientos democráticos a tipos penales que alguna sentencia europea nos advirtió que sonaban extraños", dijo la vicepresidenta en la Cadena Ser, aludiendo al fallo de los magistrados alemanes de Schleswing-Holstein, que en abril del 2018 rechazaron la extradición de Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y sedición.

Precisamente este miércoles, el Informe sobre Democracias que cada año publica la revista 'The Economist' volvió a considerar a España como una "democracia plena", pero criticó que la sentencia del 'procés' había sido "excesivamente legalista" y que las "largas penas de prisión" a los líderes independentistas "no concordaban con el espíritu democrático". El estudio sostiene que las autoridades españolas mostraron "falta de confianza para abordar el problema a través del diálogo político y el debate abierto" lo que, a su juicio, "debilitó sus credenciales democráticas".

"El informe recalca la importancia del diálogo y el debate abierto como herramienta política y democrática --contestaron fuentes de la Moncloa--. Es la vía por la que ha apostado el Gobierno".

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