La vicepresidenta y portavoz del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado que se va a proceder a presentar un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional para que, entre otras cosas, declare nula y sin efecto y suspenda de forma inmediata la declaración aprobada por el Palament de Cataluña el pasado miércoles, que abre paso a la desconexión con el Estado. Además, se reclama al Alto Tribunal requerimientos para la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, pero también para los miembros de la Mesa, su secretario general y hasta para el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fin de que se abstengan a tramitar ninguna iniciativa derivada de dicha resolución, ateniéndose a las consecuencias si lo hicieran, lo que incluye la posible suspensión de funciones.
"Se requiere a la presidenta del Parlament personalmente y a los miembros de la Mesa y a su secretario general para que se abstengan de la realización de cualquier situación tendente a dar cumplimiento a la citada resolución, así como para cualquier iniciativa que tenga por objeto ignorar al Constitucional, apercibiéndoles de las responsabilidades penales en las que pueden incurrir", relató Santamaría.
