El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley que sienta las bases para la liberalización de las empresas que gestionan la estiba en los puertos españoles así como la libre contratación de los trabajadores.

El Gobierno ha justificado esta decisión en la urgencia por adaptarse a una directiva comunitaria de la que ya fue apercibida España en unasentencia de diciembre del 2014. En caso de incumplimiento Bruselas impondría a España una multa de 134.000 euros diarios, según ha reiterado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El decreto, ha subrayado el ministro, recoge la máxima "flexibilización" que permite la Comisión Europea (CE) respecto a las reivindicaciones de los trabajadores.

PLAZO DE ADAPTACIÓN

El decreto ley establece un plazo de tres años para que las empresas que actúan en las tareas de carga y descarga de los puertos, la sociedades de gestión de estibadores portuarios (SAGEP), desaparezcan y se transformen en ETT’s bajo la denominación de Centros Portuarios de Empleo, que no tengan que participar obligatoriamente en el capital de las sociedades, como ahora ocurre.

En ese periodo se producirá la contratación de trabajadores, a razón del 75% en el primer año, el 50% en el segundo y el 25% en el tercero. La autoridad portuaria se hará cargo de los derechos laboralesacumulados por los estibadores. Para su contratación será suficiente con que los trabajadores acrediten 100 jornadas de trabajo en los puertos.

De las actuales sociedades de gestión, en situación de monopolio, dependen los 6.150 estibadores que actualmente trabajan en los puertos, y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en los puertos.

La aprobación del real decreto ley se ha producido en desacuerdo con el sector, que aún seguirá negociando la semana que viene bajo la tutela del mediador designado por el Ministerio de Empleo, Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES).

LA PRESIÓN DE LA HUELGA

Ante el desacuerdo los trabajadores mantienen la huelga intermitente que se desarrollará a partir del próximo 6 de marzo. Este paro "es un modo de presión que no favorece el clima de entendimiento", ha subrayado De la Serna.

El Ministerio de Fomento asegura tener previsto un plan deservicios mínimos para garantizar el abastecimiento a las Islas Canarias y Baleares, y la distribución del cien por cien de las mercancías perecederas y peligrosas.

La reforma afecta a un sector básico para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones.