Después de haber presentado su proyecto de Presupuestos en el Congreso, el Gobierno está decidido a seguir trabajando como si le quedara cuerda para rato, aparentemente ajeno a las amenazas de rechazo las cuentas públicas que le dirigen sus potenciales apoyos parlamentarios. Los socialistas, todavía noqueados por la pérdida del poder en Andalucía y con la vista puesta ya en los comicios de mayo, quieren dar impresión de que mantienen la iniciativa, con su presidente a la cabeza. Según reflejan algunas partidas presupuestarias conocidas el pasado lunes, Pedro Sánchez planea entre otras cosas para el 2019 hacer 30 viajes oficiales, recibir a 36 mandatarios extranjeros, protagonizar ocho conferencias internacionales y un Pleno para analizar el estado de la nación.

Además, en Moncloa se busca abrir nuevos debates en las próximas semanas, algunos de carácter económico -a partir de la reforma fiscal detallada que se aprobará en Consejo de Ministros este viernes y algunas iniciativas en el Congreso- y otros, de índole política, como el que atañe a la prometida supresión de aforamientos. De hecho, tras haber recibido los informes requeridos al Consejo de Estado y del Poder Judicial, se aprobará de forma inminente y definitiva la propuesta de reforma constitucional con el que se pretende desinflar la controvertida figura jurídica.

En la agenda 'monclovita' está previsto que se remita ya a las Cortes el texto elaborado desde el área que dirige Carmen Calvo, que propone la modificación de la Carta Magna en sus artículos 71.3 y 102.1, referidos a las garantías procesales extra para los parlamentarios, que solo pueden ser investigados y juzgados por el Supremo. Eso obligará al resto de grupos a 'mojarse' sobre medidas de regeneración, que es lo que persigue el equipo de Sánchez. El proyecto gubernamental está bastante por debajo, en todo caso, de las expectativas creadas por el presidente cuando anunció el pasado septiembre, en plena polémica por su tesis doctoral, que se disponía a abrir este melón: defiende finalmente que el aforamiento siga vigente para actos en el ejercicio de cargo público y evita abordar el asunto de la inviolabilidad del Rey.

LA JEFATURA DEL ESTADO Y LA CONSULTA

Esa acotación de la reforma, sumada a la tensión que en estos momentos existe entre los distintos grupos políticos (incluidos los que acompañaron al PSOE en la moción de censura), hace que la reforma de los aforamientos tenga futuro incierto. El PNV, por ejemplo, siempre ha puesto como condición para abordar el debate que se quiten también este tipo de privilegios al jefe del Estado, idea que comparten otros como Unidos Podemos, ERC y PDECat, que pretende aprovechar la coyuntura para demandar que se incluya el derecho de autodeterminación en la Carta Magna.

Pero los socialistas no parecen dispuestos a meterse ahora en ese jardín, ni por convencimiento ni por posibilidades parlamentarias. Los artículos referidos a la Corona aparecen en el Título II de la Constitución. Para acometer cualquier cambio que le pueda afectar, son necesarias mayorías de dos tercios en el Congreso y el Senado, la disolución de las Cortes, nuevas elecciones y un referéndum de ratificación. Sin embargo, para poner límites al aforamiento de los políticos, basta con tocar los artículos 71.3 y 102.1 de la ley fundamental y un apoyo de tres quintos en las Cámaras.

Además, el grupo que lidera Pablo Iglesias ya ha anunciado que, como lleva años pidiendo Izquierda Unida, cualquier reforma constitucional que se plantee de este tipo ha de someterse a una consulta. Y lo pueden forzar: los morados representan más del 10% del Parlamento, que es el porcentaje que se necesita para poder pedir y conseguir un referéndum en esa línea.

LAS POSICIONES DE PP Y CS

En lo que atañe a PP y Ciudadanos, ambos mantienen públicamente, con menor o mayor entusiasmo, que algo hay que hacer con los aforamientos, aunque están lejos de garantizar su apoyo a la iniciativa de Sánchez. Los populares prefieren ganar algo de tiempo y abogan por mandar el proyecto a la Comisión Constitucional del Congreso para su estudio, lo que como mínimo dilataría los cambios en una legislatura de duración dudosa.

Para Cs, Sánchez no muestra ambición suficiente. Los de Albert Rivera ya presentaron su propia iniciativa en el Parlamento, que no logró salir adelante. Ahora pretenden abanderar este tipo de reformas a nivel autonómico, empezando por Andalucía, donde formarán parte del nuevo gobierno que se ha comprometido, entre otras cosas, a modificar el Estatuto para suprimir aforamientos.