En medio de la tormenta político-judicial que se ha desatado con la decisión de la jueza Carmen Lamela de enviar a prisión al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a siete exconsellers, el Gobierno central sigue dando pasos que afectan a Catalunya al amparo del artículo 155 de la Constitución. Especialmente en lo que atañe a la organización de las elecciones autonómicas: el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una modificación del presupuesto catalán, propuesta desde el ministerio de Hacienda, para destinar 12,5 millones a las próximas elecciones que se celebrarán el 21 de diciembre, informan a este diario fuentes gubernamentales.

En los comicios que se celebraron el 27 de septiembre de 2015 fue la entonces consellera de Governaciò, Meritxell Borràs, quien se encargó de anunciar que se dedicarían 15,6 millones a la logística de aquella cita electoral. Borràs ya destacó en ese momento ante la prensa que dicha cantidad suponía un ahorro de más diez millones sobre otras convocatorias, gracias a un acuerdo entre partidos para reducir costes en el envío de propaganda electoral. Por tanto la cifra que ahora coloca sobre la mesa Cristóbal Montoro -que ha tomado las competencias de la consellería de Economía y Hacienda- supone una de las más bajas de los últimos tiempos para montar unos comicios.

En el Consejo de Ministros de este viernes también se aprobará un decreto para regular las subvenciones y el control de la contabilidad ligada a las elecciones del 21-D, al tiempo que se designará al secretario general técnico del ministerio de Interior, Juan Antonio Puigserver, para ejercer aquellas funciones que hasta la puesta en marcha del 155 de la Carta Magna se desarrollaban desde el área de Interior de la Generalitat, así como desde el departamento de procesos electorales y “consultas populares” de la vicepresidencia de Economía y Hacienda, que dirigía Oriol Junqueras. También se dará luz verde a un acuerdo para que Correos ejerza como servicio postal universal en las próximas elecciones.

Recursos al TC sobre leyes catalanas

Además de este paquete de medidas ligado a la cita con las urnas y a la aplicación del 155, el Ejecutivo central estudiará este viernes en La Moncloa tres posibles recursos ante el Tribunal Constitucional que afectan a legislación catalana: el más relevante el que atañe a la ley de comercio de Catalunya, que fue aprobada por el Parlament en julio, y que establece entre otras cosas que los comercios han de cerrar como muy tarde a las 21:00 horas en los meses de invierno.

Según ha podido saber El PERIÓDICO, los ministros decidirán también si llevan al Alto Tribunal un recurso contra la ley catalana de cambio climático y el artículo primero del decreto sobre vehículos con autorización VTC: el que hace referencia a la transmisión de las autorizaciones de las licencias.