El Gobierno negocia a contrarreloj con PNV y PDECat un real decreto que dote de potestad a las comunidades autónomas para limitar el precio de los alquileres y evitar así la burbuja inmobiliaria. El Ejecutivo ha avanzado en las últimas horas las posiciones con Unidos Podemos, pero no está dispuesto a elevar el asunto al Consejo de Ministros de este viernes si no cuenta antes con garantías de que tendrá respaldo suficiente para que el Congreso convalide esta medida. Si no hay acuerdo, las negociaciones podrían extenderse durante los próximos días para que el Gobierno lo apruebe el viernes de la semana que viene.
La fórmula en la que se trabaja dota a los gobiernos autonómicos de la potestad para elaborar unos índices que ayuden a regular el precio de los alquileres, aunque es algo difusa. En todo caso, esas competencias regionales pueden ser determinantes para conseguir el voto de independentistas catalanes y nacionalistas vascos.
El borrador del decreto incluye que el periodo del contrato de alquiler pase de tres a cinco años, con una prórroga de tres y la obligación del arrendador de comunicar con un mínimo de cuatro meses de antelación la rescisión del contrato. También establece que el aumento de precio anual no podrá superar el incremento del IPC.
El decreto del alquiler, como el de medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, debe ser convalidado por un Congreso que está a las puertas de disolverse. La última sesión plenaria termina este jueves y, desde entonces hasta el 5 de marzo, será la diputación permanente quien vote esos decretos. En ese órgano, las mayorías son ajustadísimas y un solo voto puede inclinar la balanza.
El decreto se sometió a la votación del pleno el 23 de enero. Entonces, Unidos Podemos se alineó con PP, Ciudadaos, ERC y Bildu al votar en contra, con lo que la iniciativa quedó rechazada. PDECat y PNV apoyaron al PSOE.
