La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció ayer que no se van a poder publicar los nombres de empresas y ciudadanos que se acogieron a la amnistía fiscal del 2012, que permitió aflorar capitales ocultos sin sanciones y a un tipo del 10% bajo el mandato de Mariano Rajoy. «No se puede hacer salvo que hubiera una disposición en la ley que lo previera», enfatizó la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto contradice la promesa de publicar esos nombres que hizo el presidente Pedro Sánchez cuando era jefe de la oposición.

El tema ha tomado relevancia de nuevo en estas horas a raíz de las grabaciones que se están difundiendo en Okdiario en torno a una charla mantenida por la princesa Corinna, amiga de Juan Carlos I, con el comisario José Villarejo y el empresario Juan Villalonga en su domicilio de Londres. Corinna sugiere que el Rey emérito se aprovechó de la amnistía fiscal impulsada por el exministro Cristóbal Montoro para regularizar algunas de las hipotéticas cuentas que tiene en Suiza.

En este contexto, los periodistas le preguntaron reiteradamente a la ahora titular de Hacienda si, una vez que han llegado al poder, los socialistas van a cumplir con su compromiso político y exhibirán la lista de los amnistiados, de modo que pueda comprobarse entre otras cosas si el monarca hizo uso de ella o no. Pero Montero desinfló toda expectativa de que eso vaya a ser así alegando que jurídicamente no es posible, a pesar de que el PSOE demandó al PP que lo hiciera.

Eso sí, recalcó que la intención del nuevo Ejecutivo es cambiar la ley para garantizar esa transparencia en el futuro. Según ha dicho, no es viable dotar de carácter retroactivo a esta disposición, por lo que solo sería aplicable «para nuevas amnistías». Poco después, y para deshacer malentendidos, la titular de Hacienda ha tenido que precisar que la posibilidad de futuras amnistías «no está en la hoja de ruta de este Gobierno, ni mucho menos».

La ministra explicó que tampoco podrá tener carácter «retroactivo» otra de las iniciativas que el PSOE impulsó sin éxito en la oposición con la que se pretendía hacer pagar por la totalidad del tipo impositivo que fijó la amnistía -el 10% sobre los bienes aflorados- y no solo por el 3% que resultó en la práctica. Con estas explicaciones se cerraba la puerta a que se pueda comprobar quiénes se beneficiaron de la amnistía del PP.

En esta misma rueda de prensa también se interrogó a la portavoz gubernamental, Isabel Celaá, sobre el criterio del Ejecutivo sobre el contenido de estas grabaciones y sobre si apoyarán o no el intento de Podemos de crear una comisión en el Congreso. Celaá concluyó que al ser un asunto que no atañe al actual jefe del Estado, Felipe VI, el Gobierno no cree que tenga que analizarlo. Sin más.