El Gobierno no piensa pisar el freno. Pese al fracaso de sus Presupuestos y al adelanto de las generales para el 28 de abril, Pedro Sánchez quiere continuar aprobando normas de corte social hasta que comience la campaña electoral, 15 días antes de los comicios. La primera prueba de este impulso tuvo lugar ayer, con los reales decretos de vivienda e igualdad laboral entre hombres y mujeres, pero en las próximas citas del Consejo de Ministros se vivirán situaciones similares. Mientras la oposición del PP y Cs habla de uso «electoralista» de las instituciones, el Ejecutivo subraya que solo estará en funciones después de las generales. Hasta entonces, explican en la Moncloa, van a mantener la senda actual. Los socialistas tienen previsto aprobar en las próximas semanas la derogación parcial de la reforma laboral, una potente oferta de empleo público y la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, decretos que tendrán que ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso.

Las normas sociales permiten al Gobierno marcar la iniciativa, mostrar su capacidad de pacto con los distintos grupos que apoyaron la moción de censura de Sánchez a Mariano Rajoy y movilizar al electorado tradicional socialista a las puertas de los comicios. Los decretos de ayer apelan a los más jóvenes, que son los principales usuarios de unos contratos de alquiler que se amplían de tres a cinco años, y a las mujeres, con el aumento de los permisos de paternidad, algo que favorecerá la igualdad en el trabajo. Los próximos decretos van dirigidos a trabajadores, funcionarios y parados. Todos son colectivos en los que el PSOE piensa apuntalar una victoria electoral que vaticinan las encuestas.

Pero el Gobierno solo aprobará aquellos decretos en los que tenga garantizada su convalidación por la Diputación Permanente, donde el bloque de la moción de censura solo tiene un puesto más que el de las derechas, 32 frente a 31. Fuentes de la Moncloa dan por supuesto que no habrá ningún problema con la prestación de desempleo. Más interrogantes presenta la derogación parcial de la reforma laboral. Los socialistas llevan meses negociando esta iniciativa con los diputados del PDECat, los más reticentes.

En paralelo, el Ejecutivo piensa mantener la relación bilateral con la Generalitat. Desde que se rompió la negociación política para el diálogo en Cataluña y la aprobación de las cuentas públicas, ha habido tres reuniones entre ministros y consellers, como avanzó este diario el pasado domingo. «Hemos recuperado constitucionalmente la obligación de relacionarnos con la Generalitat -dijo Calvo-. Este Gobierno no habla con independentistas. Se relaciona con la Generalitat. Nosotros hablamos con los dos partidos que se sientan en el Govern».

Y luego, más allá de Podemos, que ahora apoya el decreto de viviendas tras tumbarlo en su primera versión, dando muestras de su disposición a seguir pactando, está el PNV. El pasado miércoles, el presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, se reunió con sus diputados y senadores. Después, condicionó su voto a la aprobación de las transferencias pendientes a Euskadi. «Si hay tiempo para hacer decretos ley, hay tiempo para hacer traspasos», señaló Ortuzar. Calvo recogió ayer el guante. «Vamos a seguir trabajando con normalidad en el traspaso de competencias», contestó la vicepresidenta.

Lo primero que dijo Calvo tras el Consejo de Ministros fue: «No somos un Gobierno en funciones». La aprobación de iniciativas con las elecciones convocadas, según la vicepresidenta, entra dentro de la «normalidad absoluta» para «sacar a nuestro país de esa especie de desesperanza en el que estaba la gente». Aun así, reconoció, se quedará «una parte de la agenda sin realizar porque no hay Presupuestos». Con ese sentimiento de frustración, los socialistas incluirán las principales medidas de las fracasadas cuentas públicas en su programa electoral para las generales, que coordina la propia Calvo junto a la presidenta del partido, Cristina Narbona.

LA «REPÚBLICA BANANERA» / El PP y Ciudadanos tienen una visión muy distinta. El presidente de los conservadores, Pablo Casado, acusó a Sánchez de ir contra la «neutralidad institucional» y llevar a cabo un «uso electoralista» del Consejo de Ministros y la Diputación Permanente mediante la aprobación de decretos con el Parlamento disuelto. «Es algo escandaloso que solo se hace en las repúblicas bananeras», denunció Casado. Desde el partido naranja, su portavoz económico, Toni Roldán, sostuvo que las últimas iniciativas del Ejecutivo suponían un «insulto a la democracia».

Pero estas críticas no harán mella en el Ejecutivo. Al contrario. Los socialistas consideran que esta polarización les beneficia a las puertas de las generales. Con Podemos en horas bajas, el PSOE se presenta como el único partido capaz de parar a «las derechas» del PP, Ciudadanos y Vox.