El que estaba llamado a ser el proyecto estrella de la primera legislatura del PP y Cs en la Junta de Andalucía, un decreto-ley para reducir burocracia y reactivar la actividad económica, ha encallado en la justicia. PSOE andaluz y Gobierno central han recurrido ante el Tribunal Constitucional la nueva norma, que pese a modificar de una tacada 27 leyes y suprimir un centenar de trámites fue aprobada por la vía de urgencia en pleno estado de alarma y ante un Parlamento autonómico reducido a la mínima expresión. Tras conocer el frente judicial, el Ejecutivo andaluz ha abierto una vía de negociación para tratar de solventar un obstáculo competencial que afecta, eso sí, apenas a un 5% del contenido del texto. No obstante, se compromete además a llevar la norma a la Cámara regional una vez se retome la actividad política con normalidad.

La norma, aprobada el 9 de marzo y convalidado por la Cámara el 2 de abril, se presentó como la iniciativa de mayor calado de la legislatura, y la panacea del Ejecutivo de derechas para reactivar la economía andaluza y atraer inversión y empresas, facilitando además el emprendimiento. Un cambio radical en el modelo productivo andaluz que según la oposición encubre una paulatina liberalización del mercado y que, además, no cuenta con el consenso de todos los sectores ya que, por ejemplo, los sindicatos no fueron citados a su elaboración, como sí se hizo con los empresarios. Más de 80 colectivos se han unido para pedir su retirada, mientras que tanto PSOE como Adelante Andalucía no escatimaron críticas en su momento al entender que se hurtaba un debate que afectaba a cuestiones como el modelo audiovisual o la relajación de los controles medioambientales.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Ahora, la ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, confirmó que el Gobierno cuenta con el dictamen positivo del Consejo de Estado para recurrir el decreto andaluz al entender que invade competencias del Gobierno en materias como la protección del patrimonio histórico y la ley audiovisual. Por un lado, estiman que el artículo 13 del nuevo texto, en el que se exime de autorización previa administrativa, e incluso de comunicación a la Consejería competente, a determinadas intervenciones sobre bienes de interés cultural y su entorno, colisiona con las competencias en defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación, que corresponden al Ejecutivo central.

Asimismo, el Gobierno central cuestiona los cambios en materia audiovisual, ya que el nuevo decreto levanta la prohibición de que haya publicidad privada e institucional en emisoras piratas o sin licencia, abriendo además la posibilidad a que empresas privadas entren en las cadenas que gestionan los ayuntamientos, medidas ambas que conciernen a la Ley General de la Comunicación Audiovisual en vigor desde 2010.

Según indicó la ministra portavoz, el recurso incluirá la petición de suspensión de las disposiciones afectadas por la ausencia de extraordinaria y urgente necesidad y porque los prejuicios pueden ser de imposible reparación, petición que el TC suele realizar al venir del Gobierno. El Ejecutivo, no obstante, se abre a negociar con la Junta de Andalucía para resolver la controversia y adecuar el decreto ley al ámbito competencial previsto en la Constitución, dijo Montero. En este sentido, desde el Ejecutivo andaluz ya se ha encomendado al consejero de Presidencia que se abra esa vía de entendimiento.

SIN ECAJE JURÍDICO, ALEGA EL PSOE

Más complicado se prevé el recurso de inconstitucionalidad planteado por 50 senadores en nombre del PSOE de Andalucía y que se presentará formalmente cuando queden habilitados los plazos administrativos actualmente suspendidos. Este recurso se fundamenta, según explicó el portavoz adjunto en el Parlamento andaluz, Manuel Jiménez Barrios, en que la modificación de 21 leyes y seis decretos no se ajusta a circunstancias de urgente necesidad, un elemento sustancial para justificar la celeridad en su aprobación. Jiménez Barrios apuntó además un elemento formal por esa aprobación en la Diputación Permanente. Para el PSOE, no hay encaje jurídico del texto porque las atribuciones de la Diputación Permanente llegan solo a periodos vacacionales o cambio de Gobierno. La irregular habilitación de la Diputación Permanente y su abuso lo colocan en situación de radical nulidad, señaló.

"El decreto no simplifica, elimina controles", reprochó el parlamentario socialista andaluz, lamentando que desde el Gobierno del PP y Cs se haya aprovechado "la excusa de la crisis sanitaria" para aprobar "por la puerta de atrás" cuestiones "que nada tienen que ver con ésta".