El Gobierno ha intentado este miércoles restar trascendencia al "facilitador" del diálogo en Cataluña que aceptó el día anterior. La figura, una de las condiciones de ERC y el PDECat para no vetar los Presupuestos, ha provocado duros ataques del PP y Cs, pero también de una parte importante del PSOE. Así que la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha rebajado el papel de ese "relator", cuyo nombre todavía se desconoce.

Calvo ha subrayado en la Ser que la persona elegida no participará en las reuniones de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, que ha vuelto a reunirse en los últimos meses tras siete años sin hacerlo, sino en las de la mesa de partidos catalanes, a la que el PP, Ciudadanos y la CUP rechazan sumarse. Que no será el Gobierno el que elija quién ocupará ese papel, sino las formaciones del Parlament, de común acuerdo. Y que su rol se limitará a "convocar", "recapitular" y "poner orden en el debate".

"Lo importante es lo que se acuerda, no el ruido alrededor de los que participan", ha dicho la vicepresidenta. "Estamos mirando el dedo y no la Luna", ha insistido.

LAS CRÍTICAS

La figura del "relator" o "facilitador" (el Gobierno se refiere a ella de ambas formas) ha sido atacada por todos, salvo por ERC, el PDECat y Podemos. El PP y Ciudadanos acusan al Gobierno de "traicionar" y "humillar" a España con esta cesión. Pero el malestar también se extiende en el PSOE. Varios líderes territoriales socialistas temen que este gesto del Ejecutivo les haga perder apoyos en las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, siempre muy crítico con el independentismo, y en ocasiones también con Sánchez, a quien llegó a comparar con un concursante de ‘Operación Triunfo’, escribió en Twitter: "Aprobar un Presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el Estado de Derecho ni la decencia. Estoy seguro de que Sánchez no cederá a chantajes de los independentistas, cáncer de la democracia con la que hay que acabar".

También la exportavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, cargó contra la iniciativa. "Ni mediadores, ni relatores. El diálogo entre el Estado y una comunidad autónoma necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones", señaló.