La comisión de investigación del Parlamento catalán sobre la Monarquía tiene los días contados. Creado el pasado jueves por la Cámara catalana, el organismo pretende estudiar las "actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real". Pero el Gobierno ya ha decidido que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para impedir sus trabajos.
Fuentes del Ejecutivo señalan a EL PERIÓDICO que la comisión será recurrida en los próximos días. Los socialistas recuerdan que el Parlamento catalán no puede llevar a cabo este tipo de trabajos, ya que su reglamento deja claro que las comisiones de investigación de la Cámara catalana solo pueden abordar "asuntos de interés público que sean competencia de la Generalitat". La Monarquía, explica el Gobierno, está fuera de esas atribuciones.
Con la previsible admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad, el TC suspenderá la comisión de investigación, que todavía no se ha constituido. Antes, sin embargo, el Gobierno deberá encargar al Consejo de Estado un informe preceptivo, pero no vinculante. De hecho, el Ejecutivo socialista ya ha desoído en los últimos tiempos una resolución de su máximo órgano consultivo.
A finales del pasado octubre, la Moncloa acudió al Constitucional en contra de una resolución del Parlament que condenaba la posición de Felipe VI tras el referéndum del 1-O y apostaba por la "abolición" de la Monarquía como "institución caduca y antidemocrática". El Consejo de Estado desaconsejó dar este paso al Gobierno, al concluir que no había base jurídica para impugnar el texto de la Cámara catalana porque era declarativo y carecía de efectos legales. Pero el Ejecutivo siguió adelante, acusando al Parlament de reabrir la vía "unilateral". Esta vez, sin embargo, los socialistas dan por supuesto que el órgano consultivo respaldará su posición ante este recurso, el tercero que activa Pedro Sánchez como presidente del Gobierno frente a una iniciativa del Parlament. El primero, en julio, poco después de llegar Sánchez a la Moncloa, vino motivado por una moción que apostaba por la desconexión de España.
Frente a las críticas del PP y Cs de haber "cedido" ante ERC y el PDECat e incluso "traicionado" al Estado, fuentes del Ejecutivo subrayan que nunca han dejado de actuar contra las decisiones "ilegales" del independentismo.
TRIPLE OBJETIVO
La comisión de investigación sobre la Monarquía fue impulsada la semana pasada por JxCat, ERC, los 'comuns' y la CUP. Su objetivo es triple: indagar en las "actuaciones destinadas a forzar el traslado de domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Catalunya" después del referéndum del 1-O, escrutar las "estructuras de corrupción vinculadas a la Familia Real española" y estudiar las "presuntas cuentas irregulares del anterior jefe del Estado en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceras personas".
La iniciativa contó con los votos en contra de Cs, los socialistas y el PP. Estos tres grupos ya rechazaron en septiembre una comisión de investigación similar en el Congreso de los Diputados, alegando que en la Cámara baja, como en el Parlamento catalán, tampoco tenían cabida un organismo de estas características, porque el Poder Legislativo, defendieron, controla al Ejecutivo, pero no a la Jefatura del Estado.
