El Gobierno central tiene preparado el recurso contra la reforma de la ley de presidencia, que se votará hoy en el Parlamento de Cataluña. Fuentes de la Moncloa advierten que lo presentarán «en el momento en que se debata, si así sucede finalmente». Un día antes de que Carles Puigdemont reúna a sus diputados en Berlín para abordar el plan d de la investidura, el pleno del Parlament abordará hoy la modificación de esta norma, que abre la puerta a una eventual investidura a distancia del expresidente huido y pendiente de extradición en Alemania.

Fuentes del ejecutivo de Mariano Rajoy advierten que el jueves pasado el Tribunal Constitucional aceptó tramitar el recurso contra la investidura de Puigdemont y dijo que mantenía las medidas cautelares para cualquier intento de repetición. Ante el movimiento del Estado, el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ya dejó claro el viernes que descartaba forzar a la Mesa del Parlament que preside Roger Torrent a la desobediencia con tal de investir a Puigdemont. Pese a ello, hoy se intentará adaptar la ley de presidencia para dejar abierta la opción de una investidura a distancia en el futuro.

Ciutadans había instado a los independentistas a retirar este punto del orden del día del pleno de esta semana. La Mesa del Parlament había pospuesto para este jueves la decisión sobre si se aceptaba la petición naranja. Finalmente tanto la Mesa como la Junta de Portaveus avalaron que la modificación siguiera adelante. Cs, que ayer presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el voto delegado de Puigdemont y Toni Comín, ya avisó que presentará otro por esta iniciativa que permitiría ungir a un president a distancia. De todas formas, Inés Arrimadas había insistido en la conveniencia de que fuera el Gobierno el que tomara las riendas y presentara sendos recursos de inconstitucionalidad.

CONSEJO DE GARANTÍAS / Cabe recordar que, además del veto del TC a Puigdemont, el Consejo de Garantías Estatutarias había dictaminado también por unanimidad que esta reforma «vulnera» el reglamento del Parlament, el Estatut y la Constitución. El dictamen, solicitado por Cs y el PSC y que no es vinculante, alega que la propuesta «no cumple los requisitos» que establece el reglamento del Parlamento «para poder ser tramitada y aprobada por el procedimiento legislativo excepcional de lectura única».