P ocos días después de que el dictador Francisco Franco fuera exhumado y sus restos fueran trasladados desde la tumba de Estado que ocupaba en el Valle de los Caídos al pequeño cementerio de Mingorrubio (Madrid), Pedro Sánchez repitió la promesa de buscar la manera para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Un compromiso en el que el Gobierno está trabajando ahora con la nueva ley de memoria democrática que permitirá prohibir todas aquellas asociaciones y fundaciones franquistas «que públicamente inciten, directa o indirectamente, al odio o violencia contra las víctimas de la guerra civil española y el franquismo por su condición de tales». Así lo confirmó recientmente el Ejecutivo de Sánchez en una respuesta por escrito a las preguntas del senador de Compromís Carles Mulet. El parlamentario valenciano cuestionó al Gobierno sobre las medidas que va a llevar a cabo para «la ilegalización» de entidades que promuevan «el franquismo y el desprecio a sus víctimas». En concreto, se refirió a la Asociación de Militares Españoles que, según aseguró, divulgó «un manifiesto firmado por centenares de militares retirados en el cual se exalta la figura del general golpista y genocida».

El Gobierno explicó que está trabajando actualmente en el anteproyecto de ley de memoria democrática que «prevé promover las modificaciones legislativas pertinentes con objeto de declarar ilegales las asociaciones y fundaciones que públicamente hagan apología del franquismo, el nazismo y el fascismo».

El camino que pretenden seguir en el Gobierno es la modificación de la ley orgánica del derecho de asociación y de la ley de fundaciones, ambas del 2002, para poder obtener cobertura legal para ilegalizar todas aquellas entidades que ataquen a las víctimas del franquismo, entre ellas la Fundación Francisco Franco.

La polémica surgida por la exhumación de los restos de Franco y las pretensiones del Gobierno de modificar la ley de memoria histórica del 2007 provocaron hace unos meses bastante revuelo político. La oposición reprochó al Gobierno preocuparse más por el pasado que por el presente. No obstante, el Ejecutivo insiste en que es necesario potenciar ciertos aspectos en favor de la «reparación moral» y la «recuperación de la memoria personal y familiar» de las víctimas de la dictadura.

Hace unas semanas, la vicepresidenta del Gobierno y responsable de Memoria Democrática, Carmen Calvo, explicó que se estaba trabajando para que antes del mes de agosto se pudiera dar luz verde al proyecto de ley que recoge estas modificaciones. Algo que, por el momento, parece que no será así. El Ejecutivo plantea la creación de un plan de exhumaciones de víctimas, un registro de ADN o implantar fórmulas para restituir a quienes fueron juzgados sin garantías durante la dictadura. H