El pasado 4 de diciembre, el secretario de Estado para las Aministraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, a quien el Gobierno central designó para gestionar la aplicación del artículo 155 de la Constitución sobre el terreno, acudió al Senado para explicar cómo habían ido los primeros 38 días de la intervención. Desde la tribuna de la Cámara alta, Bermúdez de Castro subrayó la ayuda de los altos cargos de la Generalitat de Catalunya en la gestión del día a día y destacó que muy pocos dimitieron después del cese fulminante de todos los consellers y el president.

Y puso de ejemplo a Elsa Artadi. La ahora diputada de Junts per Catalunya era la directora general de Coordinació Interdepartamental y ejerció una labor «fundamental», según el secretario de Estado, para aplicar el 155 y preparar los Consejos de Ministros catalanes que se organizaban en la Moncloa.

Bermúdez de Castro aseguró, a preguntas de Ciudadanos, que Artadi, que en aquellas fechas ya era jefa de campaña de Carles Puigdemont, había viajado a Bruselas a cuenta de días libres y había pagado el viaje con su dinero, por lo que no tenía ningún motivo para destituirla. «Luego [Artadi] dirá lo que quiera fuera de su trabajo», afirmó el número dos de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pero dentro estaba «cumpliendo». La política catalana ocupó ese cargo clave para la organización interna de la Generalitat hasta el 19 de enero, fecha en la que fue destituida por incompatibilidad al ser elegida diputada.

SIN CUENTAS JUDICIALES / Este episodio sirve para esbozar la posición del palacio de la Moncloa ante el nombre de Artadi. Según fuentes gubernamentales, a la opinión expresada de Bermúdez de Castro en su momento se une la circunstancia de que los otros candidatos que se han incluido en las quinielas tienen cuentas pendientes con la justicia, como Josep Rull y Jordi Turull, o están encarcelados, como Jordi Sànchez, expresidente de la ANC.

La nueva portavoz en el Parlament de Junts per Catalunya no tiene ningún lastre en los tribunales y ha demostrado que «se ciñe a la legalidad», señalan esas fuentes. Entre los otros nombres, sobre todo el de Jordi Turull, es visto con recelo porque consideran que el exconseller posconvergente «es igual de radical que Puigdemont» y no sería capaz de «mejorar la situación ni abrir un diálogo con la oposición».

El Gobierno confía en que la reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat para permitir una investidura a distancia no prospere y los soberanistas encuentren la manera de encajar la figura de Puigdemont sin que haya una resolución del Parlament ni ningún documento oficial lo deje negro sobre blanco.

En la rueda de prensa habitual tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, no quiso comentar la posibilidad de que Artadi logre concitar el apoyo de los soberanistas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló que en Francia o Alemania la sedición y la rebelión están incluidos en la condena perpetua.