Los límites de la libertad de expresión son como las fronteras. No existen hasta que las ponemos ahí. Invisibles y tan estrechas que permiten colocar un pie a cada lado y desafiar al universo estando en dos sitios a la vez. A veces, caer hacia uno u otro no parece más que una cuestión de suerte. Condenados por enaltecimiento del terrorismo tuiteros que poco o nada tenían que ver con ETA. Un rapero enviado a prisión por calumniar a la Corona con las letras de un estilo que nació con vocación de denuncia antisistema. Y el último caso, el de ayer: una obra retirada de la feria de arte más transgresora y vanguardista por crear excesiva polémica. Si el 2017 terminó con el diagnóstico de ser, en palabras de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, un «mal año para la libertad de expresión», el inicio del 2018 no parece revertir la tendencia.

Los artistas, como toda la sociedad, «deben gozar de libertad de expresión». Así lo dejó claro Carlos Urroz, máximo responsable de ARCO, la feria internacional de Arte Contemporáneo de Madrid que abrió sus puertas ayer con polémica: la retirada de una obra del controvertido Santiago Sierra, artista y activista madrileño de 52 años cuyas creaciones siempre se han caracterizado por el carácter político y que en esta ocasión presentaba la instalación Presos políticos y la España contemporánea. Se trata de una veintena de retratos fotográficos, pixelados en blanco y negro de, entre otros, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, encarcelados por la causa que investiga el procés. Es la primera vez en 37 años de historia de la feria que ocurre algo así.

La polvareda se disparó solo un día después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara el martes la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso al rapero mallorquín José Miguel Arenas Beltrán, Valtònyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas no condicionales por unas canciones que escribió y subió a internet con acceso gratuito.

Las miradas están puestas en los llamados delitos de odio o de enaltecimiento del terrorismo; todos los que dejan en manos de la interpretación de los jueces en qué lado de la línea cae la moneda. Y para Valtònyc, cayó del lado menos favorable: sus letras le han supuesto una condena de más de tres años de cárcel.

REACCIONES / La sentencia se coló ayer en los pasillos del Congreso. Desde Podemos, Pablo Iglesias la consideraba «una vergüenza», porque «el derecho penal se aplica para perseguir al disidente y sin embargo los corruptos se van de rositas». La portavoz del PSOE, Margarita Robles, denunciaba que, «con carácter general, en estos tiempos de Gobierno del PP» se está produciendo «un retroceso en materia de derechos y libertades» , aunque al mismo tiempo pedía respeto al trabajo de los tribunales, que son quienes tienen «todos los elementos de juicio».

Al otro lado del arco parlamentario, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, aseguró que Valtònyc no le interesa «lo más mínimo» y se limitó a expresar su respeto a las decisiones judiciales, mientras que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se negaba a valorar la sentencia pero defendía que «los delitos de odio deben perseguirse».

En lo que se refiere a ARCO, Carlos Urroz aseguró que la petición para retirar su instalación sobre presos políticos no vino de la dirección de ARCO sino del presidente de Ifema, el parque ferial madrileño que acoge la muestra, una institución de la que forman parte tanto el ayuntamiento como la comunidad y la Cámara de comercio. «La galería es libre de traer las obras que quiera. Ellos han accedido a la reclamación de Ifema», concluyó Urroz con gesto de no compartir en absoluto esa decisión.

En un comunicado, Ifema aseguró que la polémica que ha rodeado la instalación de Sierra [desde primera hora acaparó los de toda la prensa] «perjudica la visibilidad» del resto de obras expuestas en la muestra. «Desde el máximo respeto a la libertad de expresión», Ifema solicitó a los responsables de la galería Helga de Alvear que retirara la obra, cuyo precio ascendía a 80.000 euros y que al parecer fue vendida ayer mismo.

Sin embargo, el autor sí que calificó de «censura» la retirada de Presos políticos. «Todo esto daña seriamente la imagen de la feria y del propio Estado español. Es, además, una falta de respeto hacia la galería», aseguró Santiago Sierra, que además del presidente de ERC, el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el presidente de Òmnium también mostraba en las fotos a los titiriteros condenados en el 2016 por representar la obra La bruja y Don Cristóbal, miembros de de la ilegalizada organización juvenil de la izquierda abertzale Segi, activistas del grupo ecologista Solidari@s, dirigentes del diario Egin, así como los detenidos por la «trifulca» -palabras textuales del autor- con guardias civiles en Alsasua (Navarra).