El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ayer el ciberpatrullaje de las Fuerzas de Seguridad en las redes sociales. «Hay desaprensivos que en esta crisis pretenden aprovechar la grave situación sanitaria -dijo durante una comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso-. Ciberestafas, remedios o curas falsas para el covid-19, manipulación de documentos oficiales, desinformación sobre el estado de los servicios esenciales... son actos que, al hacer inseguro el ciberespacio, ponen en riesgo nuestra salud», subrayó.
Grande-Marlaska lamentó que «hay, y ayer (por el miércoles) lo vimos en el pleno de esta cámara, quien, ante estafas, falsas alarmas, falsas recetas médicas, vacunas inexistentes o manipulación de documentos oficiales, pretende justificarlo como ejercicio de la libertad de expresión». Para el titular de Interior, «no es libertad de expresión, son actos deplorables que ponen en riesgo la salud de todos, y que han ocasionado los muertos que todos conocemos».
En el Congreso, el ministro cifró en 274 los «eventos de desinformación conocidos por las Fuerzas de Seguridad» y en 45.773 los dominios bloqueados «por actividades ilegales.
TENSIÓN / La comparecencia se produce en la misma semana en que PP y Vox han exigido explicaciones por una orden impartida a la Guardia Civil para que sus agentes especializados en ciberestafas identificaran en las redes mensajes y falsedades que generen «desafección por las instituciones del Gobierno».
El jefe de Estado Mayor del instituto armado, general José Manuel Santiago, en el centro de la tormenta política generada por esta orden, explicó el martes que la instrucción se refería a «todas las instituciones del Estado» y no solo a las del Ejecutivo. Marlaska incidió en este argumento. «Yo no veo a la Policía ni a la Guardia Civil cumpliendo una orden ilegal», afirmó.
En su turno de intervención, la portavoz del Grupo Popular en la comisión, Ana Vázquez, le dijo al ministro que «pasa de ser un juez de reconocido prestigio al ministro de la censura, el paradigma del sectarismo, de la utilización sectaria de las instituciones, la punta de lanza de una operación para limitar y coartar la libertad de expresión». La diputada le exigió que «quite sus manos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional», y le reprochó inacción, recordándole que «la unidad de riesgos biológicos de la Guardia Civil alertó en enero de la virulencia del covid».
El diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián acusó al Gobierno de utilizar la ley mordaza, «una ley absolutamente abusiva y reaccionaria», como posible «encubrimiento de facto de un estado de excepción», y pidió al ministro que «sean quirúrgicos, milimétricos, con los protocolos policiales. Nos parece inadmisible, por mucha cuarentena que haya, que haya abusos policiales». Y tildó de «far west, un infierno, un territorio sin ley», los cetis de Ceuta y Melilla.
El diputado de Vox Javier Ortega Smith le acusó de «cambiar mascarillas por mordazas» y de cesar al jefe de prevención de riesgos laborales de la Policía «para que no quedara rastro de lo que había advertido en enero». Cuestión que el ministro tildó de «absoluta falsedad». La decisión del cese «fue de su superior en la Policía, porque es un puesto de confianza -replicó Grande-Marlaska-. Fue por una falta de lealtad, al trasladar lo que era un borrador a terceras personas». Ortega Smith insistió en que el Gobierno tomó la decisión de declarar el estado de alarma «tres meses después» de conocer la gravedad. «Ustedes lo sabían, y no nos informaron», dijo.
Desde Cs, el diputado Pablo Cambronero criticó que los agentesde las fuerzas de seguridad «siguen sin medios, sin EPIS. Soluciónelo, porque es para ayer».
