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LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

La Guardia Civil sospecha que CDC desvió dinero al extranjero

Los agentes requieren que se investigue la venta de la sede del partido en BCN a un grupo financiero de Hong Kong. Los investigadores apuntan a que Convergència y fundaciones de su entorno actuaban bajo una única gestión contable

 

Imágen del reportaje fotográfico de la Guardia Civil del depacho del extesorero de CDC, Andreu Viloca. -

J. G. ALBALAT
25/02/2017

La Guardia Civil sospecha que la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) desvió dinero al extranjero a través de la venta de su sede central de la calle Còrsega de Barcelona. Así consta en las diligencias judiciales abiertas en unjuzgado de El Vendrell por el ‘caso 3%’ de supuestos pagos decomisiones ilegales al partido. Estos desembolsos, según las pesquisas, se camuflaron presuntamente a través de fundaciones afines, entre las que los agentes que están llevando el asunto han incluido a la Fundación Privada Òmnium, vinculada aOmnium Cultural y disuelta en el 2010.

En la entrada y registro realizada en agosto del 2015 por laGuardia Civil en el despacho del extesorero de CDC y de la fundación CatDem, Andreu Viloca, los agentes hallaron documentos sobre la venta en abril del 2015 de la sede central del partido a un grupo inversor de Hong Kong, el mismo que meses antes adquirió el Hotel Asturias de Madrid. En el acta en la que un notario “da fe” de la operación figuran en representación del partido el que fuera su tesorero, Andreu Viloca, y el hindú Ravichadran Narasimhan, que actúa en nombre de la mercantil Synergy Inversiones 2014. Como apoderada de esta compañía aparece C. R. N., una mujer que ostenta hasta 158 cargos en más de un centenar de sociedades. CDC recibió 13,1 millones de euros por la operación.

Según expone en un informe, la Guardia Civil considera que se deberían hacer gestiones de comprobación sobre la persona que figura como representante de la empresa compradora y que tiene su domicilio en Hong Kong, un enclave que está incluido en la lista dejurisdicciones no cooperativas con España en materia fiscal. Los agentes subrayan que resulta “significativa” la figura de la mujer C. R. N, “circunstancia que merecería ulteriores investigaciones a fin de descartar posibles montajes societarios para encubrir algún tipo de operación”. El escrito concluye que “convendría descartar que no se está en una operativa diseñada para poner bienes de CDC fuera del alcance de las autoridades españolas recurriendo a jurisdicciones no cooperativas”. La compraventa se realizó justo un mes antes de las elecciones municipales.

TRASVASE DE FONDOS

Los investigadores están rastreando la contabilidad de CDC (han pedido los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas) y también de las fundaciones CatDem (antes Trias Fargas), Nous Catalans y Fórum Barcelona. La Guardia Civil ha detectado traspasos de fondos entre estas entidades, que se han nutrido de donaciones de empresas adjudicatarias del obras o servicios públicos. Pero los agentes también han dirigido sus miradas al dinero que ha ido de estas fundaciones a Convergència.

“De la realización de este estudio preliminar se desprendería la existencia de una gestión única” de las cuentas a nombre de distintas fundaciones, “habiendo flujos económicos entre ellas sin que medie una justificación aparente”, sostiene un informe de la Guardia Civil. De ahí que los investigadores concluyan que “efectivamente toda la estructura financiera de CDC constituye una sola caja común administrada a capricho”.

DONACIONES BAJO SOSPECHA

El juez ha requerido a una serie de entidades bancarias que faciliten la información sobre estas fundaciones, aunque también ha incluido a la Fundación Privada Òmnium. Según la Guardia Civil, esta entidad percibió en el 2008 de la empresa Bluegreen 20.000 euros y, al año siguiente, de Teyco, otros 20.000. Asimismo, un documento intervenido en la sede de CDC corrobora que la Fundación Fórum Barcelona recibió en el 2012 donativos por un importe de 120.000 euros y CatDem, 1,2 millones de euros entre el 2008 y el 2012, de los grupos empresariales Agbar, Ortiz y Soler.

Los investigadores no solo inciden en que empresas, muchas de ellas constructoras, hicieron donaciones a las fundaciones de CDC como peaje para obtener obras y servicios de distintas administraciones, sino también posibles amaños en los concursos. La Guardia Civil destaca en uno de sus informes sobre la construcción de un edificio de viviendas de protección oficial en Sant Cugat del Vallès --cuyo alcalde era entonces Lluís Recoder (después fue ‘conseller’ de Territori)-- que “los indicios disponibles hasta el momento apuntan a una posible alteración” del concurso, “pues da la impresión de queTeyco (una de las empresas investigadas) realizó una bajada temeraria [de la oferta] que fue obviada a la hora de la adjudicación”.