Parecía que la causa abierta con los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas -en la que se descubrió que el partido de Mariano Rajoy se habría financiado durante al menos 18 años de una caja b- estaba lista para ser juzgada, pero tirando del hilo de otros escándalos de corrupción está tomando otro cariz. Ayer, dos testigos, uno de ellos imputado en el caso Lezo y otro en la Gürtel, describieron ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata la «guerra de tesorerías» que se produjo en el seno de la formación en los años en que perdió el Gobierno de España. Según estos testimonios, entonces fue prioritario para la sede central del PP, en la madrileña calle de Génova, controlar la adjudicación de obra pública de las comunidades autónomas que seguían en manos del partido.
El imputado en Lezo era Luis Vicente Moro, quien fue delegado del Gobierno en Ceuta y que, ante el juez, se definió como amigo del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González «hasta hace un tiempo». Con él es con quien este habla en su despacho de lo divino y lo humano, según reflejan las escuchas del caso. Según fuentes jurídicas, Moro, en la línea de la declaración que en su día prestó el exdirigente popular, utilizó la expresión «guerra de tesorerías» para describir la presión ejercida por el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, sobre González para controlar las adjudicaciones madrileñas. Al juez le interesó este punto y preguntó si con «guerra» quería decir si uno quería echar al otro; el expolítico matizó que a lo mejor era una «guerra de consejerías».
Pero más allá de la definición, Moro explicó que Lapuerta -que se libró del juicio de la primera época de la Gürtel por demencia sobrevenida- llegó a amenazar a González con una placa de comisario que guardaba para tratar de imponerse y lograr controlar desde Génova las adjudicaciones dependientes de la Comunidad de Madrid. Según el testigo, González le contó la situación a la «presidenta madrileña», Esperanza Aguirre, que medió entre ambos.
El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, juzgado en la primera época de la Gürtel, declaró que el motivo por el que cayó en desgracia en el partido fue por no adjudicar a Licuas y a Coarsa, como le había pedido Lapuerta. Ya en el juicio, que aún está a la espera de sentencia, señaló que coincidió en un restaurante con el extesorero y la exdiputada madrileña Carmen Rodríguez Flores, quien le recriminó haber perdido la alcaldía de ese municipio madrileño por no haber adjudicado a quien debía.
Además, Moro, que trabajó entre el 2006 y el 2008 en Constructora Hispánica, también refirió cómo esta empresa, donante del PP, ayudó al partido a dar una salida profesional a jóvenes afiliados contratándoles. Según su versión, el expresidente de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo mantenía una excelente relación tanto con Lapuerta como con el exministro del PP Francisco Álvarez-Cascos.
