E n política, a veces basta con seguir la línea de puntos. Un gesto que sucede a otro y que lanza un mensaje. Esa cadena es la que ha ido trabajando el Gobierno en estos días, semanas, en los que ha ido reconstruyendo la mayoría de la investidura, abonando ese terreno de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) –la principal empresa política de Pedro Sánchez, junto con la lucha contra el covid–, sin cerrar la puerta a Cs. Así, ayer el Ejecutivo, de manera sorpresiva y en sede parlamentaria, anunció que la semana próxima comenzará a tramitar las peticiones de indulto de los 12 condenados por el procés . Guiño que se sumaba a la incorporación al plan anual normativo del Gobierno, y a última hora, de la revisión de los delitos de sedición y rebelión. Fue el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, un ministro prudente, el que reveló en el Congreso el siguiente paso del Ejecutivo. Gesto nada casual. Fue en los últimos segundos de su respuesta a la portavoz de JxCat, Laura Borràs, que ni siquiera le había preguntado por ello. La noticia pilló con el pie cambiado y hasta al propio PSC, que sí había urgido a Sánchez a abrir el camino de la reforma del Código Penal.

En ese subrayado incidían ministros y altos cargos consultados: arranca un trámite –la novedad es, de hecho, el anuncio, de ahí el calado del mensaje al independentismo–, «sin prejuzgar la decisión final». Es «prematuro» anticipar qué hará el Consejo de Ministros, dijo Campo.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, negó por la tarde que se trate de una señal a ERC y PDECat, posibles aliados presupuestarios. «Que se serene el PP», pidió. Y es que Pablo Casado había advertido de que los indultos son «el precio de la investidura» de Sánchez. Su partido, dijo, recurrirá al Supremo las medidas de gracia, si llegan a aprobarse. Impugnación que también avanzó Vox.

En realidad, la ley de 1870, la que regula el indulto, no tasa plazos, pero sí obliga a tramitar las solicitudes. «Y hay prácticas» para no dejarlas morir en el cajón, pues sería tanto como prevaricar, precisaban en la Moncloa.

La respuesta tardará, como poco, seis meses. Entre ocho y diez, pronosticó Campo. Justicia deberá recabar informes del tribunal sentenciador –el Supremo–, de la cárcel donde cumplen condena y de la Fiscalía. Esos dictámenes son preceptivos, no vinculantes, pero no es habitual otorgar la medida de gracia con dos exámenes desfavorables, como es previsible que ocurra, informa Ángeles Vázquez .

Fuentes del Ejecutivo no negaban la voluntad de «normalizar», de desatascar el laberinto catalán, sobre todo ahora que la mesa de diálogo está bloqueada por Quim Torra y ERC necesita bazas para vender a su electorado. En el Gobierno y en el PSC se indica que la vía preferente seguirá siendo la de la revisión del Código Penal, que saldrá del horno antes de fin de año y sobre la que el Ejecutivo sí controla los tiempos. Los indultos pueden demorarse, y dependerán de la prisa de la Fiscalía y del TS.

El Ejecutivo no quiere perder a los republicanos, al margen de con quién pacte los PGE. Ayer, la vicepresidenta siguió su ronda de contactos con PNV y Bildu, que se mostraron al diálogo. H