El Ministerio de Hacienda ha iniciado una gran operación nacional -en todas las comunidades autónomas salvo el País Vasco y Navarra- en la que ha encontrado "sobrados indicios de fraude fiscal y dinero B" en la cadena de producción y comercio mayorista de carne.
Funcionarios de la Agencia Tributaria han comenzado esta semana la "Operación Presunto" (jamón en portugués) contra la venta "en negro" de carne, que implica registros e inspecciones en 73 empresas y vincula a 25 personas.
La "Operación Presunto" viene precedida de un año de investigaciones, según han explicado a Efeagro fuentes de la Agencia Tributaria.
Han añadido que tras las primeras inspecciones existen ya "sobrados indicios de fraude fiscal y dinero B" en el ámbito investigado; entre ellos figuran software en dispositivos informáticos, estadillos u otros documentos que indican que podría haber alteración u ocultación de contabilidad.
De las empresas investigadas, 44 son del comercio mayorista, 17 mataderos, 5 de compraventa de ganado y el resto de una "miscelánea" de actividades, entre las que podría haber alguna minorista.
Las empresas inspeccionadas facturan cerca de 650 millones de euros.
Por su parte, la Confederación de Organizaciones Empresariales del Sector Cárnico de España (Confecarne) ha mostrado su rechazo a "toda posible actuación irregular por parte de cualquier operador" y ha respaldado las actuaciones de la Administración para detectar y corregir las posibles irregularidades.
En un comunicado, ha puntualizado que es "impropio" hablar de "operación contra el sector cárnico", pues la información de la Agencia Tributaria habla de 73 sociedades cuando el sector está integrado por más de 3.000 empresas.
Parte de los registros se han realizado en los mercados centrales de abastecimiento de Madrid (Mercamadrid), Barcelona (Mercabarna) y Cantabria, pero "no son los únicos lugares", han afirmado fuentes de la Agencia Tributaria, ya que también se han visitado otras instalaciones en todo el país.
En Cataluña se han investigado a cuatro empresas cárnicas situadas en Mercabarna y a otras que trabajan en mataderos de Lleida y Sabadell (Barcelona).
Según Hacienda, las empresas no reflejaban en la declaración del Impuesto de Sociedades los beneficios por el negocio del sacrificio y procesamiento cárnico; incluso algunas firmas notificaban pérdidas sistemáticas.
En concreto, los funcionarios percibieron que en algunas empresas se ingresaban grandes cantidades de dinero en efectivo en cuentas, la posesión de bienes en el extranjero y el mantenimiento de "altos niveles de vida no justificados".
Otra circunstancia es el elevado volumen de ventas en efectivo, que en algunas sociedades inspeccionadas superaba el 50 % y en dos casos concretos el 85 % y el 95 %.
Al hablar de los beneficios de las empresas, Hacienda ha tocado una cuestión clásica en las discusiones del sector agroalimentario español: la multiplicación de precios desde el origen a la venta final, que en la carne se "cuadruplican o quintuplican".
En 2015 la ternera "de primera" se vendió en origen a 3,78 euros/kilo y a 16 euros/kilo para el consumidor; el cordero pascual pasó de los 5,96 a los 11,06 euros; el cerdo de 1,4 a 5,28 euros/kilo; el pollo de 1,68 a 2,94 euros/kilo y el conejo de 2,81 a 5,27 euros/kilo, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).
Precisamente, el Magrama ha manifestado hoy que la distribución mayorista es "el eslabón" donde se detectan más incumplimientos de la Ley de medidas para la mejora de la Cadena Alimentaria, según la última propuesta de sanciones de la Agencia de Información y Control (AICA) de esa norma.
En Bargas (Toledo), el Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado hoy su apoyo al operativo de la Agencia Tributaria.
El consejero de Agricultura castellanomanchego, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que Hacienda tendrá que hacer su trabajo e investigar, si bien ha mostrado su confianza en el buen hacer de la industria agroalimentaria.
