El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado un ultimátum a los promotores del referéndum independentista del 1-O y ha aprobado un mecanismo de control de pagos para Catalunya por el que, de activarse, el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos. De esta forma, Hacienda pagará directamente a los funcionarios del Govern durante el tiempo que sea necesario.

El Gobierno ha dado este viernes 48 horas de plazo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales. Si en el plazo de 48 horas no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, será el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo haga y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales.

El objetivo, según el ministro, es garantizar los servicios públicos y que no se destine "ni un euro" a financiar "una actividad ilegal". Montoro también ha anunciado que comparecerá la próxima semana en el Congreso de los Diputados para dar detalles de esta medida.

Por otro lado, esta misma mañana, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Generalitat catalana de que suspenda cautelarmente la obligación que le ha impuesto el Gobierno central de informarle de sus gastos, una medida destinada a controlar que no destina dinero al referéndum ilegal.

El Gobierno ha consensuado las medidas de control de los gastos con la oposición y esta mañana Rajoy le ha dado cuentas de las mismas a Albert Rivera, según han informado desde C's.

Sigue el FLA

El Ejecutivo de Mariano Rajoy está buscando nuevas vías de control financiero de la Generalitat después de haber descartado llevar hasta sus últimas consecuencias la amenaza de cerrar el grifo del fondo de financiación autonómica (FLA) si el Govern de Puigdemont destinaba "un solo euro" a financiar el referendum o si la Generalitat dejaba de enviar semanalmente el informe de la Intervención de sus gastos, lo que ha acabado sucediendo.

El Gobierno de Rajoy ha entendido que cerrar el grifo del FLA acabaría perjudicando a los proveedores, ya que los recursos del fondo de liquidez llegan directamente a los emisores de las facturas y a atender los vencimientos de deuda pública (sin pasar por la administración autonómica).

Ante el nuevo desafío del Govern, el Ejecutivo central ha decidido dar una vuelta de tuerca más. Ahora se entra en una fase de práctica intervención de las cuentas públicas.