Carecer de presupuestos lleva a la política de parches y limitaciones, y a los reproches mutuos entre los actores que podrían haber hecho posible aprobar esas cuentas: las del Estado y las de la Generalitat, cuyos partidos vetaron los presupuestos de Pedro Sánchez y ahora exigen anticipos de inmediato. Pues bien, El ministerio de Hacienda está encontrando dificultades jurídicas para adelantar a las comunidades, por decreto ley y antes de las elecciones del 28 de abril, las mayores cantidades del sistema de financiación autonómica que les corresponde en el 2019. Al Govern además le rebotan dos reproches: el del PSC y 'comuns' y, más allá de la batalla partidista, el del tercer sector social, cuyas entidades están al límite tras diez años con las tarifas congeladas y con facturas pendientes desde hace meses.

El proyecto de Presupuestos para el 2019 que fue tumbado por el independentismo incluía una mayor financiación de las comunidades autónomas por un total de 6.671 millones de euros, de los que 1.560 millones correspondían a Cataluña. Tras la no aprobación del proyecto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció su propósito de adelantar por decreto ley las mayores entregas a cuenta (en una cantidad algo inferior a los 6.671 millones previstos, pues la no aprobación de los Presupuestos también impidió la mayor recaudación que se hubiera derivado de la subida de impuestos programada).

El propósito era hacer llegar el dinero a las comunidades antes de las elecciones. Fuentes del Ministerio de Hacienda, confirman que este sigue siendo el propósito pero admiten que las dificultades jurídicas que están encontrando lo dificulta. La diputada del PSC, Alicia Romero, lanza el dardo: "La diferencia con otras comunidades es que la mayoría han aprobado sus presupuestos y este Govern ni tan siquiera lo ha intentado, no es culpa del Gobierno central que este Govern no haya buscado otras formas de tener más ingresos". Los 'comuns', pieza clave en la negociación de las cuentas del Govern, que alegó que ni las registraba al no tener garantizada su tramitación, también responden con contundencia: "El Govern se ha disparado en el pie, decir que vas al bloqueo es eso, si hubieran aprovado los presupuestos del Estado no estaríamos en esta situación y no habría los problemas de tesorería que pueden ser muy graves a final de año", opina el diputado David Cid, de Cataluña en Comú-Podem.

ENTIDADES SOCIALES EN SITUACIÓN CRÍTICA

Cid alega a problemas muy graves. Son los que describirán este jueves con números en la mano los miles de entidades sociales de sectores tan clave como la infancia, la discapacidad o las personas mayores. La Confederació Empresarial del Tercer Sector denunciará que la falta de presupuestos en Cataluña agrava, aún más si cabe, la situación de "infrafinanciación crónica" que sufren. Ello significa que la Generalitat lleva diez años sin actualizar las tarifas que abona a las empresas sociales para atender a las personas que lo necesitan. Mientras, el Govern sostiene que en cuestión de días presentará su plan de contingencia. Es decir, un paquete -un parche- de medidas por valor de unos 1.200 millones para atender, como ratificó este martes la portavoz Meritxell Budó, emergencias como la renta de inserción o la FP. SE trata, dijo la 'consellera', de "afrontar las obligaciones que tenemos".

La nueva 'consellera' prefirió subrayar que es el PSC el ha de presionar al PSOE para actualizar los adelantos del Estado a la Generalitat de unas cantidades que "no son del Estado" y que el Govern "tiene derecho a recibir". Unas cantidades que se hubieran actualizado de inmediato, además de las cifras de inversión y las compensaicones por el Estatut de ejercicios pasados, siempre y cuando se hubieran aprobado las cuentas del Estado. Algo que dependía del mismo independentismo que ahora exige soluciones inmediatas al Estado para parchear la situación de prórroga presupuestaria.